Fernando Zunzunegui

suel13 300x156 Una comisión de seguimiento que ni controla ni evalúaEl Gobierno, con el fin de facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo hipotecario, aprobó un procedimiento y creó una Comisión de seguimiento, control y evaluación. Dicha Comisión acaba de presentar su primer informe semestral  con las solicitudes recibidas y su estado de tramitación.

Los datos revelan que estamos, por el número de afectados, ante el mayor fraude al cliente bancario hasta ahora conocido. Se han recibido hasta el momento 1.052.789 solicitudes de devolución de cantidades indebidamente cobradas. La banca ha estimado 453.622 solicitudes con devolución en efectivo de 1.497.763.594 euros. El importe medio devuelto por cliente es de 4.354,23 euros. A su vez, han sido desestimadas 204.996 reclamaciones, de un importe no cuantificado en el informe, siendo además inadmitidas 343.043 solicitudes, de las cuales 42.815 por considerar la entidad que el solicitante no es consumidor, 146.660 por considerar que el contrato no contiene cláusula suelo y 153.568 por razones no especificadas. En suma, uno de cada ocho clientes hipotecados en España ha solicitado la devolución del cobro de lo indebido y la banca ha satisfecho menos de la mitad de las reclamaciones. Más de medio millón no han recibido la respuesta esperada y pueden estar planteándose reclamar judicialmente la devolución. Lo cual está dando lugar a un colapso de la justicia con creación de juzgados especiales que nacen ya saturados. Según datos del Gobierno, desde el 1 de junio de este año, los juzgados creados para resolver demandas por cláusulas suelo abusivas han recibido 86.444 demandas.

La tarea de seguimiento de la Comisión se completa haciendo referencia al sistema implantado por las entidades para comunicar a los clientes con cláusulas suelo la existencia del procedimiento de reclamación. Según la norma que aprobó el procedimiento, la banca quedaba obligada a garantizar que el sistema de reclamación fuera conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario. En cumplimiento de esta obligación las entidades han procedido a “insertar en sus páginas web la información sobre cláusulas suelo y han publicado en el tablón de anuncios de sus oficinas la citada información”, y un número elevado a realizar comunicaciones individualizadas, en especial, a los clientes más vulnerables.

El informe carece de una evaluación del procedimiento y de su impacto en la relación de la banca con la clientela. Tampoco analiza el efecto que puede tener sobre el sistema judicial dejar más de medio millón de casos sin recibir satisfacción.

Esta es la segunda comisión de seguimiento que crea el Gobierno para gestionar fraudes financieros en masa. La anterior se creó para seguir el peculiar arbitraje de los perjudicados por la incorrecta comercialización de participaciones preferentes. En aquel caso, la comisión también se limitó a publicar datos sin controlar el proceso arbitral ni evaluar sus consecuencias. Dicha dejadez de funciones fue objeto de un duro voto particular de Francisca Sauquillo, entonces presidenta del Consejo de Consumidores y usuarios. Ahora, en la comisión de las cláusulas suelo, se echa de menos alguien con criterio que recuerde al resto de los miembros el mandato recibido.

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