La comisión parlamentaria sobre la crisis financiera reclama en su Informe final la “creación de un nuevo entorno regulatorio”

La comisión parlamentaria que ha estudiado la crisis financiera en España ha finalizado sus trabajos produciendo un documentado, profundo e interesante Informe final repleto de recomendaciones para el regulador, el supervisor, la acción política y los operadores del sistema. Entre las evidencias que aflora el Informe, se encuentra la de que “el sistema financiero necesita un entorno regulatorio claro y estable, en especial en las normas que afectan a la protección del consumidor”.

Aunque el Informe considera que “han pasado ya 10 años desde el estallido de la crisis y una gran parte de las reformas legislativas necesarias ya se han realizado en ámbitos de solvencia, liquidez, gobernanza, etcétera”, también estima que “sin embargo, el diseño y aplicación de nuevos marcos de regulación y supervisión durante los últimos años añade un componente de fuerte incertidumbre y, en todo caso, hace mucho más compleja la regulación y supervisión del sector” y que “todavía hay medidas pendientes”, de modo que “lo importante y apremiante ahora es acabar de definir el marco que afecta a la protección del consumidor”. Según el Informe, “tenemos pendiente de finalizar la trasposición de MIFID2, la nueva directiva de servicios de pago (PSI}) que introduce cambios fundamentales en la industria bancaria, o la nueva ley reguladora de contratos hipotecarios, todas ellas con plazos ya vencidos de incorporación a derecho nacional. Es muy importante acabar de definir el marco normativo para dar estabilidad y facilitar la planificación a largo plazo.”

A la vista de lo anterior, los ponentes de la comisión parlamentaria realizan una serie de recomendaciones relacionadas con esta área concreta del entorno regulatorio:

– Impulsar medidas para la transformación digital del sistema financiero de nuestro país, junto la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de la Economía Digital y programas de formación en materia de alfabetización digital dirigido a colectivos en riesgo de exclusión digital.

– Dar una difusión adecuada de la información sobre los riesgos, los derechos y las garantías que los inversores españoles asumen al invertir en novedosos productos financieros (como criptomonedas) para evitar perjuicios económicos de imposible reparación, “dada la triste historia reciente en productos financieros complejos de alto riesgo. “

-Elaborar una regulación adecuada que favorezcan la innovación y la tecnología financiera con la necesaria seguridad jurídica. Revisando para ello, las diferentes normativas que puedan afectar al desarrollo y adopción de esta tecnología y favoreciendo su introducción en el mercado mediante entornos controlados de pruebas (sandbox).

-Fomentar el emprendimiento y la innovación inherentes al sector financiero, potenciando la colaboración entre el sector público y el sector privado para favorecer el desarrollo de empresas Fintech en aceleradoras que aseguren las condiciones óptimas para el acceso a la financiación y al desarrollo del producto.