Editorial
El acuerdo de división de Metrovacesa entre los dos accionistas mayoritarios supone una modificación estructural de la sociedad que altera las condiciones de la inversión. Según las mejores prácticas de buen gobierno, la decisión final en este tipo de modificaciones debería corresponder a la Junta General de Accionistas. Y en dicha junta deberían dar su conformidad, en votación separada, los accionistas minoritarios.
En todo caso, la CNMV debería asegurar que los accionistas minoritarios de Metrovacesa tengan derecho a recibir un precio equitativo por sus acciones. Dicho precio debería atender, como principal criterio de referencia, a la cotización de las acciones anterior a la publicación del acuerdo de división y contar además con el informe independiente de dos bancos de inversión.
Hace ahora unos quince años cuando el accionista minoritario de la metalúrgica INDUSTRIAS DEL BESÓS se quedó de una piedra cuando le notificaron que su empresa se había dividido en DOS. Previamente la cotización se había derrumbado.
Los activos metalúrgicos fueron por un lado; el inmueble por otro, que fue el que continuó «cotizando» con el nombre de INBESÓS. Esta empresa,sin deudas, alquiló por 5 años su activo a la metalúrgica por un precio simbólico.
INBESÓS estuvo más de 5 años prácticamente sin ventas, beneficios y a una cotización muy baja con respecto a su valor liquidativo.
El pequeño accionista, normalmente, así no puede aguantar, su posibilidad es malvender.
La CNMV disponía por aquellos días de una amable señorita (¿Botín?) que servía para frenar las reclamaciones de los pequeños accionistas que allí iban para buscar asesoramiento. Sólo se manifestó la CNMV indicando que la maniobra era perfectamente legal.
El caso de METROVACESA tiene algunas diferencias con el que cuento: los accionistas lo han conocido con antelación y la cotización, previamente, no se derrumbó, sino todo lo contrario.
Jose Antonio Bru