Sandbox supone gran riesgo de credibilidad y reputación

El anteproyecto de ley de Sandbox está a la espera de que se tramite tras la constitución del gobierno que surja de las elecciones del 10 de noviembre. Fue aprobado por el Consejo de Ministros con el fin de facilitar la innovación financiera. Se trata de un “espacio controlado de pruebas que permitirá crear condiciones seguras para que puedan probarse innovaciones financieras de base tecnológica bajo vigilancia de los supervisores” afirma el Gobierno.

Es un tema de moda al que se dedicó una de las mesas de la jornada Fintech & Consumidores, organizada por Asufin, celebrada en el Colegio de Abogados de Barcelona. Bajo el título “Sandbox: Un espacio regulatorio de pruebas a debate”, participaron en dicha mesa Adriana de Zunzunegui, Hogan Lowells, despacho asesor de la Asociación Fintech e Insurtech (AEFI) en esta materia y Fernando Zunzunegui, Socio Fundador de Zunzunegui Abogados y Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la moderación de Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

Ya que el concepto de Sandox se está perfilando y nos encontramos con opiniones contrapuestas sobre su utilidad, entrevistamos a Fernando Zunzunegui una vez terminada la mesa de debate. El experto afirma que “es una idea muy atractiva». Sandbox es un experimento regulatorio que traslada los ensayos clínicos al sector financiero. Su objetivo es facilitar a los reguladores la comprensión de los nuevos modelos de negocios basados en la tecnología. Según este experto, Sandbox es el modelo de regulación por defecto que se ha puesto de moda. Se copia el modelo del Reino Unido como vecino más aventajado, pero sin valorar su conveniencia y efectividad. Según el Banco Mundial se ha producido un efecto rebaño en muchos países. En España es la bandera utilizada por la asociación de sector para tratar de atraer inversiones, comenta Zunzunegui.

Es una novedad regulatoria cada vez más extendida. Sandbox es un modelo ya implantado en medio centenar de países, donde, según el Banco Mundial, no está alcanzado un gran efecto para incentivar la competencia. Tan solo en el Reino Unido tiene verdadera significación. Deberíamos mirar a los países de nuestro entorno como Francia o Alemania que han rechazado Sandbox y están desarrollando potentes oficinas de innovación. No hay que seguir siempre al rebaño. «Tenemos que buscar el modelo más adecuado a nuestro mercado y a nuestro marco institucional”, afirma Zunzunegui.

En su opinión las oficinas de innovación (Innovation Hubs) resultan más eficientes. Así lo confirman los mejores expertos. Permiten dar servicio a más empresas. Según el Banco Mundial, que ha analizado una treintena de jurisdicciones, las oficinas de innovación han asistido a 2.163 empresas, frente a los Sandbox que han incorporado a 180. En el Reino Unido donde Sandbox esta más desarrollado, la oficina de innovación ha dado servicio a 686 empresas, frente al Sandbox que ha incorporado a 110. En España, donde todavía no hay Sandbox, el portal financiero de la CNMV ya ha dado servicio a 254 iniciativas.

Según Zunzunegui, en España tenemos reguladores carentes de recursos y personal cualificado en Fintech para implementar un Sandbox. La CNMV declara contar con tres personas dedicadas a Fintech, y no cuenta con una partida presupuestaria propia para su implantación. Además, el mandato de los supervisores no comprende el fomento de la competencia. La designación de monitores por parte de los supervisores plantea problemas de responsabilidad patrimonial y riesgo reputacional. En su opinión, con este panorama, para sacar adelante Sandbox, sería necesario ampliar el mandato de Banco de España y CNMV al fomento de la competencia y contar con clara voluntad política reflejada en una fuerte dotación presupuestaria. Según el Banco Mundial para poner en marcha un Sandbox en un país desarrollado se requiere contar con 25 personas a tiempo completo y un presupuesto de un millón de dólares.

Entrando un poco más en detalle, le preguntamos a Fernando Zunzunegui, ¿para qué proyectos está pensado este banco de pruebas?, a lo que argumenta que está considerado de utilidad para dos tipos de proyectos: 1. Proyectos de productos y servicios fintech (roboadvise, ICOs, criptomonedas, gestión de cartera automatizada, crowdfunding, crédito rápido, servicios de pagos), que pueden necesitar autorización por comprender actividades reguladas, de un lado, y 2. Proyectos tecnológicos de Blockchain, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, identidad digital, Scoring digital o servicios de nube, útiles para desarrollar modelos de negocios Fintech, que en principio no requieren autorización por ser servicios técnicos no sometidos a control administrativo, de otro.

En cualquier caso, carece de sentido querer facilitar el desarrollo de negocios Fintech y someter la innovación técnica que no requiere autorización a control administrativo bajo la actuación de monitores. «Dicha mezcla, crea confusión e inseguridad jurídica. Lo que necesitan estas empresas tecnológicas es orientación», zanja el profesor Zunzunegui.

El anteproyecto español responde a un esquema Ley y protocolo, y requiere que el protocolo incluya las cautelas necesarias para garantizar la protección de los usuarios, con un “consentimiento informado” de los clientes destinatarios del ensayo, un “derecho de desistimiento” para abandonarlo, con clara “responsabilidad” del promotor por el “daño infligido” al usuario, y con un presunción iuris tantum de causalidad entre la participación en el ensayo y el daño.

Se exige al promotor una garantía para hacer frente a las reparaciones, que puede resultar insuficiente. Pero no se exigen unos recursos propios mínimos a los promotores. Luego puede ocurrir que el fracaso del ensayo lleve a la insolvencia del promotor y que el aval sea insuficiente para cubrir el daño ocasionado. «Sería necesario crear un fondo de garantía con aportaciones de todas las empresas incluidas en el Sandbox para garantizar la efectividad de la protección al consumidor», afirma Zunzunegui.

En su opinión, estamos ante un proyecto bien intencionado, pero de muy difícil implantación. Desarrollar el Portal Fintech de la CNMV sería mas efectivo. Por lo demás, el anteproyecto menciona la necesidad aplicar la regulación financiera con proporcionalidad, de un lado, y la necesaria colaboración entre las autoridades financieras y entre las autoridades financieras con las de protección de datos y de la competencia, de otro. Según Zunzunegui, estas menciones son superfluas pues ya están presentes en nuestra legislación. Es un mero recordatorio.

Es un anteproyecto que, como dice su exposición de motivos, no requiere un cambio en nuestra arquitectura institucional, pues «no supone la modificación del marco de distribución de competencias entre autoridades», según dice su exposición de motivos. «De hecho, es una buena declaración de política económica a favor de la innovación financiera. Lo que hace falta es que se cumpla. No crear más burocracia” concluye Fernando Zunzunegui.