Se evidencia la ausencia de un lenguaje jurídico claro en el sector bancario y asegurador

Muchos procedimientos judiciales son en parte consecuencia de la falta de claridad en el lenguaje jurídico, utilizado en el ámbito de la contratación del sector bancario y asegurador. Este tipo de contratos pecan frecuentemente de la inclusión de cláusulas complejas que dificultan su entendimiento. En este contexto, se evidencia la necesidad de un lenguaje financiero adecuado a los ciudadanos. Fide, la Fundación para la investigación sobre el derecho y la empresa, ha tratado este tema en la sesión: ‘El desafío del lenguaje claro en la contratación de los sectores financieros y aseguradores’ del 11 de junio de 2019.

Julio Carlos Fuentes, Administrador Civil del Estado, ha moderado la sesión en la que han participado como ponentes Victoria Fernández-Calderón, de Servicios Jurídicos BBVA España; José María Elguero, experto en seguros y profesor de Derecho Civil en ICADE; y Sergio Álvarez, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los cuatro expertos coinciden en la importancia de emplear un lenguaje jurídico claro y de la ausencia de medidas suficientes para garantizar su uso.

Como ha recordado Julio Carlos Fuentes, dentro del sector de la banca se echa en falta la regulación del lenguaje jurídico claro con algunas referencias en la normativa. Destaca la Ley de Crédito Inmobiliario que incluye referencias a la claridad de los contratos. Por el contrario, en el sector asegurador nos encontramos más indicaciones acerca del lenguaje que debe estar regido por la “claridad, concreción y sencillez”.

En el ámbito privado, muchas entidades financieras desarrollan iniciativas para mejorar el lenguaje utilizado en cualquier clase de comunicación dirigida al cliente. Victoria Fernández-Calderón comenta la obligación de “anticiparse a las exigencias regulatorias en materia de protección del consumidor” y de estar presente desde el propio diseño del producto o servicio. Así, los servicios jurídicos de las empresas deben supervisar todos los procesos y garantizar una serie de requisitos, como el uso de un vocabulario sencillo y preciso, un lenguaje claro o una estructura de contenidos navegable.

«El seguro que no se entiende, no se contrata» – José María Elguero

Por su lado, José María Elguero reconoce que el sector asegurador todavía tiene mucho que aprender del lenguaje claro: ‘¿quién entiende una póliza de seguros?, se pregunta retóricamente. En la actualidad, este sector sigue presentando contratos redactados de forma ambigua y plagados de tecnicismos. Sin embargo, este experto hace referencia a acertadas iniciativas como la Guía de buenas prácticas en el uso terminológico utilizado en el documento de información de productos de seguros no vida de UNESPA, o el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión Europea.

Sergio Álvarez también coincide en la falta de claridad en contratos de servicios financieros y recuerda lo dictado por la normativa: “las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa”. Asimismo, destaca la función de la educación financiera, factor que cuenta con un papel imprescindible: “no toda la culpa es de las entidades financieras”, afirma.

De esta forma, se aboga por una mayor regulación del lenguaje jurídico por parte de las Autoridades, principalmente en contratos de productos comercializados de forma masiva.

En opinión del profesor Fernando Zunzunegui, quien participó en el vivo debate, “el lenguaje es un medio que hay que completar con la buena praxis de las entidades. Si el contrato se firma en tableta sin tener acceso al documento poco importa cómo esté redactado. Por lo demás, la educación del cliente debe ir paralela a la formación de los empleados bajo el control de la unidad de cumplimiento normativo. De este modo, clientes y empleados tendrán un mismo lenguaje y podrán comunicarse”.