Fernando Zunzunegui

Publicado en El Economista

%name Reforma financiera por incentivosLa reciente reforma financiera es un buen momento para recapacitar. Con el bloqueo de dos fondos monetarios en el verano de 2007, se destapó la crisis subprime originada por la distribución de mercancía financiera averiada. Las hipotecas de baja calidad eran empaquetadas y adornadas para su redistribución entre los inversores. La entidad más activa en estas prácticas, Lehman Brothers, quebró en septiembre de 2008, arrastrando al conjunto de los bancos de inversión. En España teníamos nuestro propio modelo de generar para distribuir. A través de tasaciones exageradas y de forzar los límites de la Ley hipotecaria, se multiplicó el crédito hipotecario como materia prima del proceso de titulización. De este modo, la venta de los bonos de la titulización hipotecaria se convirtió en la principal fuente de financiación bancaria.

Los inversores, alarmados por el bloqueo de los fondos monetarios, se preguntaron por el valor de los bonos adquiridos. Advertido el riesgo, se busca la liquidez. Pronto descubrieron que en el proceso de titulización se había perdido la conexión con la garantía inmobiliaria. Los bonos perdieron la liquidez del mercado y las garantías reales no son ejecutables. Ante la falta de liquidez del mercado interbancario, sobrevino la insolvencia de los bancos responsables de las emisiones. Fue entonces cuando los bancos centrales acudieron al rescate. La crisis no es culpa de los políticos. Es el resultado de las malas prácticas hipotecarias permitidas por los supervisores financieros. La banca es víctima de su propia conducta.

En España, en un primer momento se negó la crisis. Según el Banco de España, las provisiones anticíclicas y la banca de proximidad con miles de sucursales eran las mejores vacunas contra la crisis. Más adelante se creó el Frob, un fondo de ayuda a las entidades financieras en dificultades. Se optó por la no intervención en la gestión de las entidades, dejando que con ayudas públicas se remodelaran a su antojo. Se descartó entonces una gestión profesional a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Durante cuatro años, el Banco de España ha permitido que los balances de las entidades no reflejen la imagen fiel de la empresa. Los inmuebles adjudicados en los procesos de ejecución hipotecaria siguen contabilizándose al precio de adquisición.

Con el cambio de Gobierno, a propuesta del ministro De Guindos, el Gobierno ha aprobado una reforma financiera por incentivos. Ha obligado a fuertes provisiones sobre los activos inmobiliarios, cuyo efecto se podrá diluir en el tiempo si las entidades se fusionan. No se han intervenido las entidades inviables. No se ha sustituido a los administradores que han demostrado su ineptitud o deshonestidad. Nada garantiza la viabilidad de las empresas resultantes de las fusiones. Se deja en manos del sector la solución a la crisis. Los dos grandes bancos, con la mayor parte de la actividad fuera de España, tienen poco que ganar y mucho que perder adquiriendo cajas insolventes. Respecto a las cajas, nada cambia, permitiendo que las mal gestionadas sigan fusionándose entre sí. La banca mediana podrá caer en la tentación de absorber cajas en dificultades con ayudas públicas, como fórmula para resolver sus propios problemas de solvencia.

La mejora del gobierno corporativo se limita a poner topes a las remuneraciones fijas de los administradores de las entidades rescatadas o que han recibido ayudas públicas. Estas entidades debían haber sido intervenidas y sus administradores apartados de sus cargos. No se trata de limitar el sueldo de los malos banqueros, sino de sustituirlos.

A primera vista, la reforma merece un juicio favorable. Las nuevas provisiones sobre los activos inmobiliarios y los límites a las remuneraciones son medidas que contribuyen a clarificar la situación de la banca y a moralizar el sector. Pero sin nos alejamos y vemos con perspectiva el problema, observamos que son medidas aisladas e insuficientes. Desde el punto de vista contable, los balances de los bancos deben reflejar el verdadero valor de los inmuebles, contabilizando las pérdidas. No se trata de establecer provisiones, sino de contabilizar pérdidas. Las entidades insolventes deben ser intervenidas, con sustitución de los administradores. Las viables deben ser saneadas para su devolución al mercado mediante subasta pública. Las inviables deben ser liquidadas de forma ordenada. De este modo se realizará un ajuste del sector bancario a las necesidades de nuestra economía.

Otra virtud de la reforma es la luz que proyecta sobre el Banco de España y su gobernador. Nunca antes se habían identificado con mayor claridad sus responsabilidades. Si como dice la exposición de motivos del real Decreto-ley que aprueba la reforma, disponer de balances saneados es un requisito básico para que las entidades financieras puedan cumplir su función esencial de canalizar el ahorro hacia la inversión, no se entiende que hasta ahora el Banco de España no haya adoptado medidas para lograr el saneamiento de los balances.

Referencia
Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero

print button gray Reforma financiera por incentivos

Deja un comentario