Con el fin de mitigar la propagación del coronavirus, las autoridades sanitarias y los gobiernos han emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Desde el inicio de la pandemia, y pese al comunicado del Banco Central Europeo (BCE) en el que negaba que el virus se contagiase a través de monedas y billetes, algunas organizaciones lanzaron la recomendación de emplear para realizar los pagos tarjetas bancarias de plástico, evitando el uso del dinero en efectivo en las compras de la ciudadanía.
Desde la Organización de Consumidores y Usurarios (OCU) hasta el Ministerio de Industria o la Comunidad de Madrid – que prohibió el pago en efectivo en los autobuses públicos– e, incluso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) quien recomendó a los usurarios emplear medios de pago sin contacto y a los proveedores de servicios de pago elevar el límite de contactless.
En nuestro país, estas iniciativas han propiciado abrir el debate acerca de la reducción del efectivo. En los últimos días, el Boletín del Congreso de los Diputados ha publicado dos proposiciones no de ley (PNL) acerca del uso del efectivo. Por un lado, el grupo parlamentario socialista ha sorprendido con una PNL en la que aboga por “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”. Medida que no ha pasado inadvertida para el sector, quien ha criticado duramente la propuesta del grupo parlamentario del gobierno. Numerosos han sido los expertos que han señalado que esta medida resultaría perniciosa. Más allá del argumento esgrimido por los promotores de la iniciativa acerca de los beneficios en la lucha contra el fraude y blanqueo de capitales, miembros del sector han señalado que el dinero efectivo (dinero papel) es el único medio de pago público mundialmente aceptado, siendo el predilecto para el comercio al por menor.
Pese a que el entorno de innovación digital y el creciente interés por la monedas digitales (que tratábamos anteriormente aquí) que están favoreciendo el debate sobre la eliminación del efectivo, debemos recordar que billetes y monedas de euro son, a día de hoy, el único medio de pago de curso legal en España y, por supuesto, zona euro de la UE.
En distinto sentido, se ha pronunciado el grupo parlamentario Vox que ha presentado una iniciativa haciendo incidencia en lo que puede suponer la reducción del efectivo en términos de inclusión financiera. Como señala el texto de la propuesta, en España existen colectivos con una significativa dificultad para acceder a medios de pago distintos al efectivo. A pesar de que, en 2019, el Gobierno aprobó el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas para personas con riesgo de exclusión social, el pago con otros medios distintos al efectivo continúa siendo un problema para la población adulta no bancarizada, especialmente los grupos de la tercera edad.
Asimismo, esta PNL, recogiendo argumentos de un informe encargado por APROSER, destaca la preocupación sobre los riesgos que comporta el uso rutinario de tarjetas bancarias y métodos como el contactless (fraudes, estafas y otros riesgos de ciberseguridad), así como la divulgación de información personal que conlleva una transacción, teniendo que ceder los consumidores información sobre en qué y cómo se gasta su dinero sin conocer sus costes implícitos.
También el Banco Central Europeo se ha reafirmado en su postura, recordando que las iniciativas dirigidas a reducir e incluso eliminar el efectivo son contrarias a. Tal y como señalaba en 2019, la reducción del límite de pagos en metálico a 1.000 euros resultaría “desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo. De hecho, este límite dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado”.
A este respecto, nuestro director ha querido expresar su preocupación sobre la posibilidad de prohibir el uso del efectivo. Para Fernando Zunzunegui, “no se pueden imponer por ley los pagos digitales, prohibiendo el efectivo”, lo que, además “es contrario a las libertades comunitarias y a los derechos de los consumidores”.
