El Banco de España ha perdido o está en trance de perder sus principales funciones. Nuestra principal institución económica era conocida como «Banco Emisor», «Autoridad Monetaria», «Banco del Estado», gestor de la Deuda pública, o «Banco de bancos», prestamista de última instancia y supervisor financiero. No es ninguna novedad que con la moneda única y la creación del Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco de España ha dejado de ser el Banco emisor de la moneda nacional. La soberanía monetaria ha sido atribuida al Eurosistema constituido por los once bancos centrales participantes y el Banco Central Europeo. A su vez, la gestión de la Deuda pública se privatiza con la fusión de la Central de Anotaciones del Banco de España y el Servicio de Compensación y liquidación de Valores, para constituir una nueva sociedad anónima: la “Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles de Liquidación”. De este modo, se desgaja del Banco de España la gestión del Mercado de Deuda Pública con una doble finalidad, ganar eficiencia y competitividad, de un lado, y facilitar la participación de la nueva entidad en alianzas internacionales, de otro.
Le resta al Banco de España su función de Banco de bancos, pero ¿Por cuánto tiempo podemos seguir considerando al Banco de España prestamista de última instancia en un mercado europeo en el que los bancos forman parte de conglomerados financieros transnacionales? ¿Hasta cuando pueden seguir manteniéndose la función de supervisión bancaria a nivel nacional y separada de la vigilancia de otros sectores del mercado financiero?
En este contexto se impone una reflexión sobre el futuro del Banco de España. Se deben revisar sus funciones, aprobar un programa de actuación y adecuar su organización a las nuevas necesidades. En estas mismas páginas avanzamos en octubre de 1997, la conveniencia de integrar las funciones de supervisión bancaria y del mercado de valores. Proponíamos entonces una concentración de la vigilancia de los intermediarios en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que bajo la nueva denominación de «Comisión Nacional del Mercado Financiero» se ocupara de la protección de los depositantes e inversores y de la integridad del mercado. De hecho la CNMV ha adoptado una actitud expansiva en el ejercicio de sus facultades de vigilancia del mercado, como lo demuestra la reciente Circular 3/2000, de 30 de mayo, sobre las obligaciones de información de los bancos que utilizan contratos financieros atípicos para captar fondos del público. Los bancos captan “depósitos” a través de obligaciones estructuradas de alto riesgo que combinan un depósito a plazo con un instrumento derivado. Pero la respuesta, a los problemas de integridad del mercado que este tipo de operaciones suscita no ha venido del Banco de España, sino de la CNMV.
Con la creación de la nueva Comisión Nacional del Mercado Financiero, el Banco de España no perdería todas sus competencias, pues vería reforzadas sus potestades de control de la solvencia de las entidades, conservando además su función de prestamista de última instancia. Seguiría actuando como cierre del sistema de seguridad, en estrecha relación con el Banco Central Europeo. También podría centralizarse en el Banco de España, la supervisión prudencial de los conglomerados financieros.
En el Consejo de ECOFIN de 17 de julio de 2000, a iniciativa de la Presidencia francesa de la Unión Europea, se ha nombrado un grupo de expertos, presidio por Alexandre Lamfalussy, y del que también forma parte Luis Ángel Rojo, para que se pronuncien sobre los problemas derivados de la modernización financiera en el mercado único. En permanente contacto, con los trabajos de este “Comité de sabios”, el Gobierno podría nombrar un grupo integrado por expertos españoles con el fin de evaluar la actual ordenación financiera y fijar la estructura adecuada para nuestras autoridades de supervisión, siempre de conformidad con los resultados que se alcancen a nivel comunitario.
Los organismos internacionales de cooperación financiera, llámense Comité de Basilea, para la banca, IOSCO, para la Bolsa, o IAIS, para el seguro, ofrecen un marco de principios de la supervisión financiera que puede servir de punto de partida. En Europa, la profunda reorganización que ha tenido lugar en el Reino Unido con la creación de una agencia financiera integrada, suministra abundantes materiales para la reflexión.
El nuevo regulador debería incentivar a las entidades financieras para que controlen sus propios riesgos y preocuparse por la formación de los inversores. Se debe partir de la responsabilidad de las entidades y de los consumidores, reconociendo la existencia de riesgos en el mercado financiero que no pueden ser eliminados. Bajo estos presupuestos, de intervención realista y limitada de la Administración, se debería diseñar una ordenación integrada de los servicios financieros.
Publicado en Expansión.
