El TJUE establece las facultades de los jueces nacionales y del derecho interno en los casos de contratos con cláusulas abusivas (STJUE 16 marzo 2023)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 16 de marzo de 2023, en el asunto C-6/22 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny (Tribunal de Distrito de Varsovia-Wola, Sala Primera de lo Civil, con sede en Varsovia, Polonia), mediante resolución de 19 de mayo de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de enero de 2022, en el procedimiento entre M.B., U.B., M.B. y X S.A.,.

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Segunda cuestión prejudicial: “[…] Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que el juez nacional puede examinar de oficio la situación patrimonial del consumidor que ha solicitado la anulación del contrato que le vincula a un profesional debido a que el contrato contiene una cláusula abusiva sin la cual no puede subsistir jurídicamente, y de que dicho juez puede rechazar la solicitud del consumidor en caso de que la anulación del contrato pueda exponer a este a consecuencias especialmente perjudiciales […] [L]os artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el juez nacional, por un lado, examine de oficio, al margen de toda prerrogativa que le reconozca a este respecto el Derecho nacional, la situación patrimonial del consumidor que ha solicitado la anulación del contrato que le vincula a un profesional debido a que el contrato contiene una cláusula abusiva sin la cual no puede subsistir jurídicamente, aun cuando la anulación pueda exponer al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, y, por otro lado, se niegue a declarar la anulación en caso de que el consumidor la haya solicitado expresamente tras haber sido informado de manera objetiva y exhaustiva de las consecuencias jurídicas y de las consecuencias económicas especialmente perjudiciales que esta puede producirle .[…]” [Énfasis añadido]