Necesitamos una comisión de investigación de la crisis financiera

Publicado en ‘Hay Derecho‘, por Fernando Zunzunegui

La crisis financiera está teniendo efectos devastadores en España. Es la crisis de un sistema. La mezcla de banca y política ha generado paro, quiebras y desconfianza. El paro y la corrupción política son las principales preocupaciones de los españoles. Las elecciones se repiten sin que tengamos un gobierno capaz de gestionar la crisis. En otros países supieron afrontar el problema y sanear el sistema. Detectaron pronto las dificultades, gestionaron el rescate de la banca sin olvidar a los clientes perjudicados por las malas practicas financieras.

Los contribuyentes han asumido un rescate de la banca de más de sesenta mil millones de euros. Más de dos millones de familias no han podido acomodar sus cuotas hipotecarias a la crisis con bajada de los tipos de interés al contar sus contratos con cláusulas suelo predispuestas por la banca. Más de un millón se han visto perjudicadas por la colocación indiscriminada de participaciones preferentes y otros productos tóxicos. Cada vez hay más clientes desatendidos por la banca. Se cierran sucursales y han desaparecido las cajas de ahorros poniendo en riesgo su obra social. Los bancos se desentienden de las reclamaciones de los clientes incluso cuando reciben el respaldo del supervisor. Además, no se impone el cese de malas prácticas una vez quedan acreditadas por miles de resoluciones judiciales. Los bancos son condenados de forma sistemática por haber colocado productos complejos entre clientela minorista sin que la CNMV ordene el reembolso de todas las cantidades defraudadas.

Es notorio que a esta situación solo se llega con un modelo de negocio que prima la ganancia a corto plazo sobre el servicio al cliente y con la complicidad de los supervisores financieros. Los altos cargos de la banca vieron llegar la crisis y se precipitaron a trasladar el riesgo a la clientela. Fue a partir de 2007 cuando se intensifica la colocación de suelos, swaps y preferentes. Las autoridades financieras dejaron hacer y miraron hacia otro lado en una clamorosa dejación de funciones. Ahora se pretende pasar página sin sancionar a los responsables. Pero salir adelante requiere un trabajo previo. Hay que investigar lo que ha ocurrido, señalar a los responsables y sacar las lecciones pertinentes.

En otros países la crisis y la conducta de los bancos han sido objeto de comisiones de investigación. La más conocida es la comisión establecida por el Congreso de los Estados Unidos en mayo de 2009 que presentó su informe final en enero de 2011 (The Financial Crisis Inquiry Report). La crisis era evitable, “ha sido el resultado de la acción e inacción humana, no de la madre naturaleza”, concluyó. La crisis bancaria fue también objeto de informes parlamentarios en el Reino Unido (Banking Crisis: dealing with the failure of the UK Banks, abril 2009), y de otros informes técnicos de no menor importancia (The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, marzo 2009). Esta pronta respuesta permitió identificar desde el primer momento los problemas y promover los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento del mercado financiero.

En España no se ha realizado una investigación que explique las causas de la crisis financiera y ofrezca soluciones. Es cierto que, a puerta cerrada, existió una subcomisión parlamentaria de transparencia financiera. Pero sus conclusiones fueron muy pobres y no pasaron de una reivindicación de la libertad contractual y del caveat emptor, es decir, considerar responsable al cliente por haberse arriesgado en la contratación de productos que desconocía. También es cierto que los parlamentos de diversas Comunidades Autónomas han investigado o están investigando la crisis de sus respectivas cajas (Cataluña, Galicia,Navarra, Valencia, Aragón, Rioja). Se encuentran ahora con que les falta «su caja». Extrañan la principal herramienta financiera para desarrollar su política económica. No se preguntan por las nefastas consecuencias de mezclar banca y política. Echan la culpa a la falta de control del Banco de España sin reparar lo suficiente en que las competencias de supervisión de las cajas de ahorros eran compartidas entre el Banco de España y las Comunidades Autónomas. Estas comisiones desvelan la incapacidad de los partidos políticos para revisar lo ocurrido, tal vez porque lo sucedido les compromete o compromete sus deseos de contar con una banca pública local para desarrollar su política. Recordemos que el sector de las cajas de ahorro prácticamente ha desaparecido como consecuencia de unas malas prácticas generalizadas y que, en los consejos, comisiones de control y asambleas de las cajas, los partidos políticos se repartían los puestos con sindicatos y patronales.

Por esta razón, lo aconsejable sería nombrar una comisión de investigación formada por expertos al margen del parlamento. El modelo de trabajo de la Comisión Chilcot que en el Reino Unido ha investigado la guerra de Iraq podría ser de gran utilidad. En España tenemos precedentes de este tipo de comisiones como la que el gobierno nombró para el estudio del buen gobierno corporativo, aunque su residencia en el supervisor condicionara su independencia.

En suma, el nuevo gobierno salido de las elecciones debería nombrar una «Comisión de investigación de la crisis financiera» entre expertos en materia financiera sin conflictos de intereses. En este sentido quedan excluidos quienes han administrado o dirigido entidades de crédito en los últimos diez años, así como sus asesores o auditores. Tampoco deben formar parte de la comisión quienes en esa etapa han integrado los consejos de los supervisores. En España contamos con profesionales independientes de primera fila que podrían prestar este servicio. Por citar algunos nombres, Aristóbulo de Juan, Jaime Terceiro, Fernando Gomá, Matilde Cuena y Jesús Alfaro, serían una buena elección. Aquí no hay cuotas a repartir entre los partidos políticos. En la elección debe primar el conocimiento, la trayectoria y la claridad de criterio. El mandato debe ser de dos años, suficiente para realizar un buen trabajo de investigación, fundado en entrevistas y análisis de los hechos, con una formulación final de recomendaciones. La comisión debe dotarse de un protocolo para su funcionamiento. Todos los trabajos y comparecencias deben realizarse con publicidad, respetando las previsiones legales de confidencialidad, en particular al tomar declaración a los responsables de las autoridades financieras. La comisión debe disponer de una página web en la que recoja el texto completo de todos los informes, correos electrónicos, videos de los testimonios y demás documentos de trabajo. El gobierno debería dotar a la comisión con un presupuesto de veinte millones de euros. Trabajos menores como la evaluación de las necesidades de capital del sistema bancario español dispusieron de presupuestos superiores.

El objeto de la investigación sería investigar la crisis financiera y en particular contestar a los siguientes cinco puntos programáticos.

• El origen de la crisis: ¿El sobre-endeudamiento de familias y empresas respetaba las reglas de la concesión responsable de crédito? ¿Cumplían las entidades de crédito las normas sobre transparencia y buen gobierno? ¿Por qué razón ha sido necesario rescatar a la mayor parte de las cajas de ahorros? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de las personas que integraban sus órganos de gobierno? ¿Por qué han fallado las auditoras de las cajas de ahorros? ¿Quiénes son los responsables de que Bankia haya necesitado ser rescatada con dinero de los contribuyentes.

• Las alertas: ¿Por qué el Banco de España no avisó de los riesgos del sobre-endeudamiento de las familias y empresas? ¿Por qué no avisó a los clientes del riesgo que asumían con las cláusulas suelo y swaps ante un escenario de bajada de los tipos de interés? ¿Por qué el Consejo de Banco de España no gestionó los avisos recibidos de sus propios inspectores? ¿Por qué la CNMV permitió la colocación de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas sin cumplir las normas de conducta que regulan su comercialización? ¿Se han cumplido las exigencias legales de independencia y profesionalidad en la elección de los miembros del Consejo de la CNMV?

• La recapitalización: ¿Cuál fue el papel del Banco de España y la CNMV en la recapitalización de las cajas de ahorros tras la quiebra de Lehman Brothers? ¿Cómo se permitió colocar participaciones preferentes entre los depositantes de las cajas de ahorros en plena crisis sin avisarles del riesgo? ¿Por qué se permitió la salida a Bolsa de Bankia en una colocación orientada a los minoristas?

• La gestión de la crisis: ¿Se ha preservado en la gestión de la crisis la pluralidad del sistema bancario? ¿Se ha defendido adecuadamente que cada entidad de crédito responda de sus actuaciones sin trasladar el coste de su fracaso a los contribuyentes? ¿Existió la debida coordinación entre el Banco de España y la CNMV en la gestión de la crisis? ¿Qué pasó en la gestión de la crisis de Banco Madrid?

• El rescate: ¿Se han defendió los intereses de los contribuyentes en la actuación del FROB? ¿Han existido conflictos de intereses? ¿Era necesario ofrecer coberturas (EPA) a los adquirentes de entidades en dificultades? ¿Se sustituyó a los administradores responsables antes de dar ayudas a las entidades en dificultades? ¿Se podía haber gestionado la crisis de forma más eficiente y con menor coste para los contribuyentes? ¿Ha existido transparencia en el funcionamiento del FROB? ¿La sustitución de los administradores de Bankia fue transparente? ¿Por qué se está retrasando su privatización?

Los trabajos de la comisión deberían concluir con un informe final, en el que se recojan los trabajos realizados y se formulen las correspondientes conclusiones sobre las causas de la crisis, los responsables de la misma y las lecciones que deben ser aprendidas para que no vuelva a producirse. Este informe debería servir de base para la necesaria reforma del sistema financiero español y de su sistema de supervisión, por supuesto en el marco legislativo de la Unión Europea. Es importante destacar que la comisión no se dirige a identificar infracciones o conductas delictivas. Esa es tarea de los supervisores o de los tribunales, sin perjuicio claro está de poner en conocimiento de la fiscalía los hechos conocidos que pudieran ser constitutivos de delito. Su misión es programática, a partir de una investigación que desvele quien ha fallado en el sistema financiero y las razones de esos fallos, su objetivo es ofrecer unas recomendaciones sobre la banca del futuro y su regulación. De este modo contribuiría a sentar las bases para una modernización de la regulación de nuestro sistema financiero como un sistema que ofrezca servicios adecuados a las necesidades de los clientes y que ponga las finanzas al servicio de la economía.