Fernando Zunzunegui

%name Propuestas de reforma de la transparencia financieraTras año y medio de trabajos de la Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, los grupos parlamentarios han presentado sus conclusiones. La comisión ha celebrado seis sesiones en las que han comparecido a puerta cerrada representantes de las asociaciones de consumidores, de los supervisores, de las asociaciones de banqueros, de la banca y de la administración económica.

Tras estas comparecencias, los grupos parlamentarios han recurrido a los informes elaborados por el Defensor del Pueblo, en los que tuve el honor de colaborar, y la más reciente jurisprudencia para llegar a unas conclusiones, sucintas las del Grupo Popular, y de mayor amplitud las del Grupo Socialista. Ambos coinciden en algunas recomendaciones, como en la necesidad de fortalecer la educación financiera, preparar a los empleados bancarios, evitar los incentivos en situaciones de conflicto de interés, estandarizar la contratación financiera, utilizar semáforos que alerten del riesgo de los productos financieros y en el deber de informar de los escenarios en los productos de riesgo y de su valor razonable, otorgando a los clientes unos días de reflexión antes de contratar el producto.

Pero salvo estas recomendaciones comunes, la mayor parte tomadas de los informes del Defensor del Pueblo, los planteamientos de populares y socialistas son bien diversos.

El Grupo Popular incluye unos antecedentes en los que se olvida del carácter especial del mercado financiero planteando una relación entre iguales propia de la compraventa civil. Este planteamiento parte del principio de que el cliente debe responder de sus propios actos, al existir una presunción de validez del consentimiento, lo cual preserva la validez del contrato. Pero no estamos en el caveat emptor, sino en relaciones de servicios profesionales en los que la banca debe proteger el interés del cliente. El Partido Popular sale en defensa del contrato ante las miles de nulidades por sentencia judicial. Pero lo hace sin preguntarse por las razones que llevan a jueces y tribunales a declarar nulo un contrato financiero. Son las malas prácticas bancarias las que están perturbando el normal funcionamiento de la contratación financiera.

En lugar de criticar la mala conducta de los bancos, el Grupo Popular pone en la diana a los notarios “obligados a informar a las partes sobre el alcance del contrato que están firmando y a cerciorarse de que los firmantes conocen lo que firman”.

Tras estos antecedentes, el informe del Grupo Popular enumera sus conclusiones comenzando por la promoción de la educación financiera que propone con el objetivo de responsabilizar a los clientes. Según el Grupo Popular, los “clientes deben conocer el alcance de los contratos financieros o bancarios”, cuando lo cierto es que la Ley obliga al banco a informar al cliente y a verificar que es capaz de comprender la información recibida. Tras estos pronunciamientos, el Grupo Popular enumera una serie de conclusiones, muchas de ellas también recogidas por el Grupo Socialista.

A su vez, el informe del Grupo Socialista hace un largo repaso de las malas prácticas de la banca española. Califica de fraudulenta la comercialización de las participaciones preferentes y de apuestas a los estructurados. Identifica las prácticas abusivas en el mercado hipotecario, con denuncia de las cláusulas suelo. Critica que no se utilice como tipo de interés referencial el Euribor y que no se regule la información en las hipotecas multidivisa. Considera mala práctica condicionar la financiación a la contratación de swaps, seguros u otros productos bancarios. Tras este catálogo de malas prácticas propone reformas legales en muchos casos limitativas de la libertad de contratación. Finaliza el informe del Grupo Socialista con una síntesis de los cambios normativos propuestos por la CNMV, que dice asumir aunque no siempre resulten coincidentes con las propuestas de este grupo parlamentario. Y lo hace tras haber criticado a los supervisores “que no han cumplido adecuadamente su función de control”.

Esperemos que en las conclusiones finales de la Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros prime la sensatez, y se propongan aquellas medidas que permitan restaurar la confianza en los bancos, dañada por sus malas prácticas.

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