Fernando Zunzunegui
Publicado en El Economista
Las cajas de ahorros tienen dos problemas, el de su politización y el de su sujeción al control de las Comunidades Autónomas, en quiebra de la unidad de mercado. La ley de órganos rectores de 1985 abrió la puerta a la entrada de los políticos en las cajas. El Tribunal Constitucional, en dos sentencias del año 1988, dio el visto bueno a esta politización de las cajas. Quedaron entonces definidas como entes de carácter social en forma de fundaciones dedicadas a la actividad bancaria. Un sujeto híbrido sin rasgos claros que nunca ha sido comprendido por los inversores internacionales. Pero su consideración como fundaciones daba pie a que las competencias sobre las cajas fueran asumidas por las Comunidades Autónomas. Lo cual ha permitido convertir a las cajas en entidades de crédito en manos de los políticos locales. Con la asunción de estas competencias, el Banco de España perdía buen aparte de su poder de control sobre las cajas, produciéndose una ruptura de la unidad del mercado financiero español.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, de sus siglas en inglés), autoridad financiera mundial por decisión del G-20, ha identificado como uno de los principales problemas del sistema financiero español la situación de las cajas, por varias razones, entre las que cita su politización, las dificultades de captación de recursos en los mercados derivada de su forma jurídica y su falta de control por el Banco de España como supervisor profesional. Por esta razón, el FSB recomienda en su Informe sobre España reducir la presencia de políticos en el consejo de administración de las cajas y someter esta categoría de entidades de crédito al control del Banco de España.
Estas recomendaciones del FSB nacen envejecidas. La crisis, de un solo golpe, ha venido a solucionar los dos problemas, el de la politización y el de la amenaza a la unidad de mercado. La necesidad de recursos y los deseos de pasar página están forzando a las cajas a su conversión en sociedades anónimas cotizadas en Bolsa. El modelo será el seguido en Italia y anunciado por La Caixa y Caja Madrid. La actual fundación asumirá la obra social y la tenencia de las acciones del banco al que se traspase la actividad bancaria. El nuevo banco saldrá al mercado, con nuevos accionistas y sometido a las reglas del buen gobierno corporativo. Como resultado de esta transformación, los accionistas significativos pedirán su puesto en el consejo y deberá nombrarse un tercio de consejeros independientes. Con estos cambios los políticos pierden su hegemonía sobre el negocio bancario.
Al mismo tiempo, la conversión de las cajas en sociedades anónimas resuelve el problema de la ruptura de la unidad de mercado. La fundación encargada de la obra social, matriz de los nuevos grupos, dejará de desarrollar la actividad bancaria. Por lo tanto dejará de ser entidad de crédito. El Banco que asuma el negocio bancario, por ejemplo Caixa Bank, quedará bajo el control del Estado y la supervisión del Banco de España, del mismo modo que en la actualidad ejerce sus competencias sobre los bancos domiciliados en Cataluña. Luego Caixa Bank tendrá el mismo tratamiento competencial que en la actualidad recibe el Banco Sabadell. La Generalitat pierde de este modo el control sobre la principal entidad de crédito domiciliada en su territorio.
Resulta curioso ver la fuerza que tiene el mercado. De haber pretendido el Gobierno antes de la crisis trasladar al Estado las competencias sobre las cajas de ahorro, concentrando en el Banco de España la facultades de supervisión, se habrían alzado voces encrespadas considerándolo un atentado a su soberanía. ¡Eso no puede hacerse sin reformar la Constitución! Ahora bajo la presión de los acontecimientos, el cambio se hace por Decreto-Ley y con el consenso de sus protagonistas.
