Adiós a las Cajas

Fernando Zunzunegui
Publicado en El Economista PDF

La crisis del sector de las cajas de ahorro se está gestionando mal y tarde. Debemos reconocer que resulta difícil solucionar un problema por quien lo ha creado. Pero esta dificultad no disculpa la tibieza del Gobierno con la complicidad de la oposición. La mezcla de banca y política ha demostrado ser una equivocación. Depuremos los excesos, y con ayuda del Banco de España, de forma transparente, aprobemos un plan de venta del negocio financiero de las cajas a los bancos, preservando su obra social.

La reforma aprobada por el Gobierno, con apoyo de la oposición, es insuficiente. Deja en manos de los responsables de las dificultades la llave de la cesión del negocio a los bancos. Sin el visto bueno de los actuales gestores de las cajas no será posible cambiar el status quo, y en esas condiciones que no esperen que el capital privado les respalde.

Las cajas de ahorros han llegado a un punto de no retorno. Nacidas en el siglo XIX como instituciones benéfico-sociales, se desarrollan en los años setenta del siglo XX como entidades de crédito hasta que en 1985 son ocupadas por los partidos políticos en aplicación de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros. Tres años más tarde el Tribunal Constitucional legitima esta ocupación. Se trata, dice el alto Tribunal, de democratizar la gestión de empresas que trabajan con el dinero de otros. Olvidando que también los bancos trabajan con dinero ajeno y nadie se plantea su politización. Han bastado quince años de ocupación política para acabar con unas instituciones centenarias.

No ha sido la crisis económica internacional quien ha matado las cajas. Ha sido el desgobierno, la falta de control interno, las operaciones vinculadas, la contratación con familiares y amigos, en suma, el uso político de la caja. Baste como botón de muestra lo que ha ocurrido con la Caja de Castilla-La Mancha (CCM). Unos y otros mezclando negocios públicos y privados.

Lo que ha añadido la crisis internacional es la urgencia de la reforma. Las cajas significan la mitad de nuestro sistema financiero y su crisis afecta al conjunto de la Unión Europea. Los organismos internacionales llevan años pidiendo la reforma de las cajas, pero ante la delicada situación económica de España, la solución no puede esperar. De ahí que el Gobierno haya aprobado la reforma por decreto-ley.

Sorprende que sea por consenso en un momento de especial crispación política. Quienes han creado el problema, se han puesto de acuerdo en el alcance de la reforma. Se trata de dar una salida al sector, garantizado que no se van a exigir responsabilidades por la mala gestión. De ahí que para cambiar la naturaleza de una caja y convertirla en banco se requiera una mayoría de dos tercios de los derechos de voto, por lo que hay que ponerse de acuerdo en cada operación.

Se opta por la continuidad. Los representantes políticos mantienen el control de las cajas. Los responsables de la situación de dificultad siguen al frente del negocio. Es cierto que hay un maquillaje. Por ejemplo, los alcaldes y otros cargos electos no podrán formar parte del consejo de las cajas. Quienes se identifiquen como políticos no podrán superar el 40 por cien del consejo. La mitad de los consejeros deberán reunir especial cualificación (¿Es qué ahora no la tienen?). Pero estos cambios no afectaran al control, el poder de decisión seguirá en las mismas manos.

Pero lo que necesita el sector es capital. Sin ayudas públicas buena parte de las cajas tendrían problemas de recursos propios. Con la reforma se permite a las cajas emitir una especie de acciones, en forma de cuotas participativas con derecho de voto. Pero su emisión se limita al 50 por cien del capital. El control de las cajas permanece en las mismas manos. Y en esas condiciones es poco probable que la inversión en las nuevas cuotas resulte atractiva para el capital privado. Como alternativa, podría acudirse, como ya se ha hecho con las participaciones preferentes, a colocar de forma indiscriminada las nuevas cuotas a través de las sucursales. En este caso, a la CNMV corresponde velar por la correcta información y la adecuación del producto al perfil conservador de la clientela bancaria.

Es cierto que estando de acuerdo las fuerzas políticas, la reforma permite la cesión del negocio financiero de la caja a un banco. Esta es la salida natural a la situación en que se encuentran las cajas. Se puede hacer creando un banco por una caja o entre varias cajas, por ejemplo a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), o simplemente cediendo el negocio financiero a un banco. La obra social permanece en la caja, desprovista de su condición de entidad de crédito, como nuevas fundaciones sociales. Se garantiza, al menos a medio plazo, la financiación de la obra social, a través de los dividendos que se reciban del banco en que se participe o del precio que se obtenga por la venta del negocio financiero. Sabemos a dónde vamos pero no se quieren asumir riesgos políticos.

Referencia
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (BOE, del 13)