El Senado aprueba la moción del Grupo de Senadores Vascos para regular y controlar las empresas de inversión en bienes tangibles desde la perspectiva financiera
El Pleno del Senado del pasado 6 de marzo de 2007 ha aprobado, con 132 votos a favor y 104 en contra, la moción del Grupo de Senadores Vascos por la que se insta al Gobierno para que regule y controle a las empresas de inversión en bienes tangibles desde la perspectiva financiera, según redacción final modificada a tenor de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Según decía la redacción original de la moción:
“Hacer recaer únicamente sobre el ámbito de las autoridades de consumo todas las competencias de control y seguimiento de las entidades que comercializan los llamados bienes tangibles, conlleva dejar sin control todos los aspectos financieros y de solvencia de estas entidades. Las administraciones de consumo han de velar tanto en estos casos como en el resto de empresas para evitar las cláusulas abusivas o la publicidad engañosa, así como, para que la información que se dé a los consumidores sea la correcta. Ahora bien, fuera de estos aspectos, el control financiero de las entidades que comercializan productos de ahorro debe ser de la competencia de las autoridades financieras.”
Si bien, tras la discusión parlamentaria, se aprueba en el pleno la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular que viene a trasladar a la comercialización de inversiones en bienes tangibles la solución alcanzada en el pleno anterior del Senado, de 20 de febrero de 2007, en relación con otra laguna del mercado financiero, la referida a la regulación de los intermediarios de crédito que se dedican a la reunificación de deudas, comentada en estas mismas páginas. Se aplica por lo tanto la solución alcanzada para los intermediarios de crédito a las empresas de inversión en bienes tangibles.
La enmienda transaccional fue presentada en el pleno por el senador Nicolás Fernández Cucurull, con las siguientes palabras:
“De esta manera, y para las empresas que comercializan bienes tangibles como productos de inversión y ahorro, se insta al Gobierno a aprobar la normativa correspondiente, para que de manera paralela al anterior acuerdo tantas veces citado, la someta a un régimen de autorización e intervención específico; supervise los contratos tipo; regule un régimen de transparencia que recoja los aspectos relativos al tipo de bien que se comercializa, su valor de mercado, la revalorización que se oferte y las condiciones y honorarios de la empresa; precise los costes totales; regule el derecho a la información del consumidor; establezca la inscripción obligatoria en un registro público y proceda a regular un régimen de comunicación a las autoridades financieras de la oferta de revalorización y de las comisiones y honorarios de las empresas.”
El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de la moción, por entender, según su portavoz en el pleno la senadora Yolanda Vicente, que la captación de dinero para la inversión en bienes tangibles “es captación para obtener un bien de consumo y, por tanto, debemos entender que la comercialización de bienes tangibles carece de carácter financiero”, añadiendo a continuación, en un arranque de sinceridad, la razón de fondo para su radical oposición: “Solo quiero decirle que no entendemos que los bienes tangibles tengan que estar ligados a materias financieras, porque podría dar lugar a responsabilidades patrimoniales del Estado. Por lo tanto, no podemos votar a favor de esta cuestión.”
