Fernando Zunzunegui, publicado en ¿Hay Derecho?

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55f508ce596bb5bca81764adf9968abe 300x187 Bankia: un fraude del sistema en dos etapasEn 2008, tras dos décadas de ocupación por los partidos políticos, las cajas de ahorros eran unas empresas en graves dificultades. Habían dejado atrás el negocio tradicional de recibir depósitos para dar el crédito que necesitaban sus comunidades. Aprendices de brujo de la banca de inversión, se dedicaban a la concesión irresponsable de hipotecas, lo que les permitía  generar recursos titulizando estos activos desde paraísos fiscales.

Tras la quiebra de Lehman Brothers se congela el mercado interbancario y se paralizan las titulaciones. Ante la falta de recursos salen a flote los excesos y el fraude. La vinculación política había favorecido operaciones vinculadas tanto públicas como privadas, con créditos concedidos para caprichos políticos y personales. En lugar de analizar la situación y gestionar la crisis, las autoridades en connivencia con el sector deciden prolongar el negocio mediante fusiones frías que multiplican los gastos y dificultan la solución. Con unos recursos propios exhaustos se decide entonces recapitalizar las cajas recurriendo al ahorro de los clientes. En una operación promovida por el Banco de España, con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se diseña un fraude del sistema en dos etapas. En la primera se colocan participaciones preferentes entre los clientes de las sucursales como si fueran productos de ahorro con alta remuneración. En la segunda, se refuerzan los recursos propios saliendo a Bolsa, colocando las acciones en las redes de sucursales.

Pero el expolio había sido de tal envergadura que ni siquiera con estos nuevos recursos las cajas podían sobrevivir. Además había filtraciones que hacían inviable el saneamiento en esas condiciones. Se estaba incumplido unos de los principales estándares internacionales de la gestión de crisis, según el cual antes de sanear un banco es necesario sustituir a los gestores ineptos o deshonestos. La recapitalización se realizó manteniendo en los consejos a los políticos responsables de la situación. De este modo no se daba ningún incentivo al cambio en la gestión o a la «manera de hacer banca» por llamarlo de algún modo.

Ante la falta de medidas eficaces, la situación se deteriora, pone en peligro a la economía española, y se impone el rescate de la Unión Europea para no verse contagiada. Se trata de un rescate condicionado al sacrificio de los inversores que habían adquirido participaciones preferentes o acciones en la salida a Bolsa. Pero este sacrificio creaba un problema político. Cientos de miles de ahorradores habían sido defraudados. Puedes defraudar a uno mucho, o a muchos un poco, pero lo que un político no debe hacer nunca es defraudar mucho a muchos. La paz financiera exigía buscar una vía para calmar los ánimos. Para las preferentes, primera etapa del fraude, la solución se encontró en un arbitraje ficticio controlado por las auditoras de las propias cajas, con el objetivo de cribar a los beneficiarios, con el fin de pagar a la mayoría de los pequeños ahorradores. Los  demás, con pérdidas más elevadas, quedaban abocados a ir a juicio. De este modo se paraba la primera ola de indignación. Poco importaba que con este mecanismo se pervirtiera el arbitraje de consumo o se inundaran los tribunales de decenas miles de procedimientos. Lo importante para los políticos implicados era salvar su responsabilidad.

Además la creación del FROB  y la Sareb facilitaban el rescate con ayudas públicas tanto de las cajas como de sus responsables. La Sareb permitía a las cajas trasladar los activos tóxicos a cambio de una liquidez. A su vez, el FROB pasaba a controlar las cajas en dificultades. De este modo Bankia pasó a estar controlada por el FROB. Pero este control del capital no se ejerció para situar al frente de las cajas a funcionarios del Banco de España. Hubo renovación pero también continuidad en la gestión. La máxima era pasar página y no revisar la gestión de los antiguos administradores. Ni siquiera se cuestionaron las jubilaciones doradas de los gestores responsables del expolio.

Cuando ya daban por amortizado el problema surge el fraude la salida a Bolsa de Bankia. Quienes acuden a una oferta pública de acciones saben lo que adquieren. Las acciones son un instrumento financiero simple. Los accionistas de las sociedades cotizadas asumen el riesgo de mercado. Si sube la cotización ganan, si baja pierden. Lo que no tienen porqué soportar es el fraude. Ante un folleto falso, tienen derecho a ser indemnizados de la pérdida de su inversión. En la salida a Bolsa de Bankia se captaron tres mil millones de trescientas mil personas. Estos inversores pensaban de buena fe que habían perdido su dinero por jugar en Bolsa, y se encuentran ahora ante un nuevo fraude del sistema, consentido por las autoridades. Un fraude que no habría sido posible sin la participación del Banco de España, según declaró en el Congreso el ministro de Economía. Dos peritos designados por el Banco de España han analizado la situación y concluido en dictamen ratificado ante el juez que el folleto no reflejaba la imagen fiel de Bankia, con todo lujo de detalles sobre el fraude del sistema. Llama la atención la participación de iniciados en el tramo institucional, que una vez creada la ficción de que existía un interés institucional en la compra de acciones con el fin de atraer hacia la oferta el ahorro minorista, se precipitaron a vender tras cerrarse con éxito la oferta.

El dictamen de los peritos no estaba en el guión. ¿Qué hacer?, se preguntan las fuerzas vivas. Podemos reconocer la situación y gestionar las indemnizaciones o negarlo y tratar de minimizar el impacto. Por lo pronto vamos a poner en marcha un conjunto de asesores pagados por el contribuyente para que maten al mensajero. Como si fuera un enemigo político, capitaneados por el FROB, con Goirigolzarri de escudero, se han lanzado a desacreditar el trabajo profesional de los peritos. Lo tienen complicado, pues el fraude de la salida a Bolsa de Bankia es un hecho notorio, difícil de rebatir. Podremos discutir si llueve cuando caen unas gotas, pero cuando llueve a cántaros es difícil mantener lo contrario.

Otra cuestión es quien va a pagar la factura. Debería pagarla Bankia, beneficiaria de la salida a Bolsa. Sin embargo, el pago de las indemnizaciones afecta a la solvencia de Bankia y compromete los planes de pagar dividendo. ¿Por qué no acudir al FROB cien por cien del Estado para que asuma la mayor parte de las pérdidas? Dicho y hecho. De nuevo se juega con el dinero de todos para salvar la reputación de unos pocos. Bankia tiene un tercio de capital privado que debería hacer frente a esta pérdida. Sin embargo, se llega a un pacto político para que sea el FROB quien asuma la mayor parte.

La gestión de la crisis de las cajas está teniendo un efecto demoledor para las instituciones y para la seguridad jurídica en el mercado financiero. Malas decisiones tienen consecuencias imprevistas. Muchas malas decisiones tienen consecuencias catastróficas. Fue una mala decisión retrasar la gestión de la crisis de las cajas. Las fusiones frías empeoraron la situación. La recapitalización con cargo a los ahorradores fue un fraude del sistema en dos etapas. La no exigencia de responsabilidades a los gestores es un incentivo a que este tipo de situaciones se vuelva a producir. Respecto a los afectados, la CNMV se debería haber encargado de gestionar las indemnizaciones como solicitó ante el Congreso el Defensor del Pueblo. Pero en lugar de ocupar el lugar al que estaba llamada, su  presidenta se ha limitado a echar balones fuera, defendiendo a ultranza la actuación del organismo.  Puede ahora rectificar con ocasión del fraude de la salida a Bolsa. ¡Que reconozca los hechos y gestione las indemnizaciones!

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