La Comisión Europea (CE) ha publicado una serie de medidas en materia de reestructuración y resolución de Entidades de Contrapartida Central (ECC) para evitar que los costes asociados a una posible quiebra recaigan sobre los contribuyentes. Así lo ha comunicado la institución, que ha subrayado que a pesar de que existen normas reglamentarias para estas entidades, “no existen normas aplicables en toda la Unión Europea para el improbable supuesto de que las ECC se enfrenten a graves dificultades o sean inviables y deban, por tanto, ser objeto de reestructuración o resolución de manera ordenada”. Estas nuevas normas se aplicarán a BME Clearing.
Las ECC ayudan a las entidades financieras y los usuarios finales, como las empresas, a gestionar los riesgos de su negocio. La proyección y la importancia de las ECC en Europa y en el mundo se han duplicado desde el compromiso del G20 tras la crisis de compensar los derivados extrabursátiles normalizados a través de dichas entidades. Según la nota publicada por la Comisión, un elevado porcentaje de los 500 billones de euros en que se valoran los contratos de derivados en circulación en todo el mundo es compensado por las 17 ECC existentes en Europa.
“Debemos estar preparados frente a la eventualidad, por improbable que sea, de que una ECC quiebre, por lo que hemos de contar con las normas necesarias. La propuesta es importante para logar un clima de confianza en nuestro sistema financiero”, ha explicado el responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katanien. Las medidas propuestas tienen que ver con la preparación y prevención, actuación temprana, competencias e instrumentos de resolución y cooperación entre las autoridades nacionales.
En cuanto a la preparación y prevención, se exige que las ECC elaboren planes de reestructuración para enfrentarse a “cualquier forma de dificultad financiera ante la cual sus recursos de gestión de impagos y otros requisitos exigidos por el EMIR resulten ineficientes”. Es por ello que el plan debe integrar escenarios de impago por parte de los miembros compensadores de la ECC, así como de la materialización de otros riesgos y pérdidas a los que la propia ECC esté expuesta.
Con el fin de actuar de forma temprana, se otorga a los supervisores de estas entidades competencias específicas para intervenir cuando la viabilidad de las ECC esté en peligro. El proceso de resolución de una entidad se iniciará cuando exista la probabilidad de que vaya a ser inviable, y cuando este quiebra pueda suponer un riesgo para el interés público o la estabilidad financiera. Por último, la propuesta establecer “colegios de resolución” para cada ECC, donde están integradas la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). La propuesta de Reglamento se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea para su aprobación y adopción.
Referencias