Fernando Zunzunegui,
publicado en El Economista PDF
Muchas entidades bancarias españolas son inviables. Resulta más barato liquidarlas que sanearlas. Solo son viables los dos grandes bancos, alguna caja y poco más. Hay que separar los bancos buenos de los malos. De este modo sabremos donde depositar sin riesgo nuestros ahorros. Cesará la fuga de capitales. Fluirá el crédito. Y podrá volver la confianza en el sistema.
Linde se ha estrenado en su cargo de Gobernador del Banco de España criticando las malas prácticas en la supervisión financiera. Se ha desmarcado de las fusiones frías de las cajas, a través de las cuales se mantenían los consejos y se creaba uno nuevo, incrementado los gastos y los privilegios de los consejeros, como en el caso de Bankia. Siete perlas falsas no hacen una joya que pueda ser vendida en el mercado. Tras el plante del Gobernador surgen más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron las lumbreras que parieron la idea de las fusiones frías? ¿Por qué el Banco de España patrocinó la operación? ¿Por qué la CNMV avaló la autenticidad del collar de perlas falsas? Los responsables del desaguisado van a comparecer en el Parlamento. ¿Sabrán Sus Señorías preguntar? Lo dudo. Todavía existe un vínculo profundo entre banca y política que impide preguntar por miedo a las respuestas. Las fusiones frías y la deficiente supervisión es consecuencia directa de la injerencia política en la gestión de la banca. Quien más quien menos ha metido la mano en las cajas.
Linde en pocas palabras ha identificado los problemas. Es un rayo de esperanza hacia la recuperación de la credibilidad. Nos confirma desde el mirador del Banco de España que la crisis se ha gestionado mal y que es necesario un cambio de rumbo. Ya no podemos seguir manteniendo entidades inviables y de este modo tapar responsabilidades. Hay que actuar conforme a los dictados de la ortodoxia financiera recogidos en el Memorándum de la Comisión Europea por el que se interviene la banca española.
Más allá de los ninjas, en España tenemos gurús financieros, o mejor dicho, sabios de las finanzas. En materia de crisis financiera, Aristóbulo de Juan tiene una autoridad indiscutible. Marcó el camino al comienzo de la crisis y nadie atendió a sus criterios. El plan de acción es bien conocido. Se comienza por un diagnóstico de la situación de cada entidad. A continuación se procede a sustituir a los gestores ineptos. Tras lo cual, gestores profesionales se encargan de sanear las entidades viables y liquidar de forma ordenada las inviables. El mensaje es claro. Ahora nos lo repiten todos los organismos internacionales. Almunia, como responsable europeo, se hizo eco de la necesidad de liquidar las entidades inviables, y recibió las críticas mas aceradas. Se le calificó de vendido y antiespañol. El Memorándum del rescate bancario incluye la necesidad de liquidar entidades. Y ahora el nuevo Gobernador lo confirma. Hay que resolver la crisis bancaria con una liquidación ordenada de las entidades inviables y un reparto equitativo del coste de la crisis bancaria.
Los políticos alegan que la liquidación de entidades puede crear riesgo sistémico. En su opinión se deben dar ayudas para preservar el sistema. No se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que el riesgo sistémico ya se ha materializado con bloqueo del crédito y un aumento progresivo de la desconfianza en la Banca. No es momento de prevenir sino de resolver. Según las encuestas, el mal funcionamiento de la banca es uno de los principales problemas que preocupan a los españoles. También descartan los políticos que los inversores de riesgo asuman parte del rescate. Consintieron la colocación de acciones ordinarias y preferentes de mala manera. Y que de materializarse estas pérdidas, estos ahorradores les van exigir su responsabilidad. Pero una cosa no debe condicionar la otra. Los inversores de riesgo deben asumir el riesgo del negocio fallido. Son las reglas del mercado. Al mismo tiempo quien haya sido engañado podrá exigir responsabilidades por las malas prácticas bancarias. Es el Estado de Derecho. De tal modo que quienes compraron sin haber sido informados del riesgo del producto, no tienen por qué soportar las pérdidas. Desde la Unión Europea deben comprender que el mercado no está reñido con el Estado de Derecho. Y deben facilitar las compensaciones a los inversores engañados.