Fernando Zunzunegui
Como ha puesto de relieve el periódico El Mundo en una reciente encuesta, en los últimos meses se ha quebrado la confianza de los inversores en los bancos comercializadores de productos financieros. Esta ruptura ha tenido lugar ante la pasividad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que conocía por las quejas de los inversores las malas prácticas de algunas entidades bancarias. Banif, Citibank, Bankinter y otras entidades han distribuido en masa entre clientela minorista productos estructurados. Con información sesgada o engañosa han colocado productos complejos de alto riesgo entre inversores minorista. Estas entidades no han cumplido la diligencia debida al gestor y asesor de inversiones. Han descuidado la diversificación de riesgos. Sabían que las notas estructuradas de Lehman Brothers o las participaciones preferentes de emisores islandeses no eran productos idóneos para inversores minoristas. Pero no les importó. Contaban con el incentivo de las elevadas comisiones y la pasividad del supervisor.
La CNMV es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Ni defiende a los inversores ni deja que sea la persona designada en la ley para su defensa quien lo haga. La ley Financiera de 2002 creó la figura del Comisionado para la Defensa del Inversor, persona encargada de asesorar a los inversores y de resolver sus reclamaciones. Esta nueva figura debería haber sido nombrada por el ministro de Economía y Hacienda, oído el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero tanto el ministro como la CNMV se han manifestado en rebeldía, y se niegan a cumplir la Ley mediante la designación del primer Comisionado. Alegan que la tarea de proteger al inversor ya la cumple la CNMV. Pero no es cierto. La CNMV es más un regulador del mercado que un protector del inversor. Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en cómo ha tratado la distribución de productos estructurados entre inversores minoristas. Ha dejado hacer a las entidades comercializadoras de notas estructuradas, permitiendo su colocación de forma indiscriminada sin importarle que los inversores carecieran de los conocimientos y experiencia para comprender el contenido y el riesgo asociado a este tipo de productos. En este punto, la CNMV se ha separado del criterio más prudente del Banco de España, quien considera que distribuir depósitos estructurados entre clientela minorista constituye una mala práctica bancaria.
¿Qué hubiera ocurrido si la CNMV hubiera propuesto y el ministro de Economía y Hacienda hubiera nombrado un Comisionado para la defensa del inversor en cumplimiento de la ley de 2002? Pues que habría surgido una figura autónoma, un defensor del pueblo sectorial, encargado de velar y proteger al inversor. El Comisionado habría identificado el problema, atendiendo las quejas y reclamaciones de los inversores, resolviendo en contra de las malas prácticas en la distribución financiera. Se habría impedido de este modo, la colocación en masa de productos estructurados entre la clientela minorista, evitando la posterior pérdida de sus ahorros.
La CNMV ni ha protegido al inversor ni ha dejado que sea el Comisionado el quién lo haga. Ha hecho dejación de funciones, incumpliendo el mandato legal de proponer al ministro la designación de un Comisionado. ¿Hasta cuándo mantendrá la CNMV su rebeldía en perjuicio de los inversores? ¿Quién protege entre tanto al inversor de las malas prácticas financieras? Con esta actitud de la CNMV, ¿cuándo se restablecerá la confianza en las entidades bancarias?