Fernando Zunzunegui
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano constitucional encargado del gobierno de los jueces. Organiza, supervisa y disciplina el ejercicio de la función judicial. Aprueba las reglas de organización y funcionamiento de la judicatura. Debe velar porque haya suficientes jueces y asegurarse de que dispongan de adecuados medios personales y materiales. Por ejemplo es el principal responsable de que existan sistemas informáticos de alerta que permitan a los jueces conocer el vencimiento de los plazos y estar coordinados entre si, y evitar de esta forma errores judiciales que pueden llegar a tener consecuencias trágicas.
El desarrollo y el bienestar económico dependen en buena medida del funcionamiento de la Justicia. Sin una justicia profesional y a tiempo los conflictos se prolongan. La ley del más fuerte sustituye al Estado de Derecho. Ante la inseguridad jurídica las inversiones extranjeras se retraen y el progreso se detiene.
En épocas de crisis se pone en tensión el sistema económico y se hace más necesaria que nunca una justicia eficaz. Ante la quiebra del sistema económico se acude al juez para que resuelva los concursos de acreedores, contribuyendo con sus decisiones a reasignar los recursos económicos, capital y trabajo.
En España contamos con una moderna ley concursal y juzgados especiales para aplicarla. Pero falla el gobierno de la Justicia. Los juzgados de lo mercantil están saturados. Carecen de medios y se ven desbordados por el número de expedientes. La ineptitud de quienes han gobernado la Justicia se revela ahora con toda su crudeza.
Un CGPJ recién estrenado se enfrenta a su primera crisis. La crisis de los juzgados de lo mercantil que amenaza con paralizar la necesaria reestructuración empresarial. ¿Qué hacer? Se supone que mejorar la Justicia. Dotar de medios y personal a los juzgados. Ampliar las plantillas. Seleccionar a los más capaces y mejor formados, a juristas con experiencia. Sin embargo, el nuevo CGPJ mira para otro lado. En lugar de mejorar la justicia se ofrece a mediar entre acreedores y deudores para evitar que de este modo los asuntos lleguen a los juzgados. El mismo quiere convertirse en árbitro, en servicio de conciliación. Al margen del ámbito de sus competencias, renunciando a solucionar el problema de la Justicia, opta por cambiar de oficio y convertirse en mediador. ¡Vaya forma de estrenarse! En lugar de remangarse y ponerse a trabajar a favor de una Justicia eficaz, se ofrecen a mediar para evitar el colapso de los juzgados de lo mercantil. Quieren cambiar de oficio, les gustaría ser árbitros en lugar de responsables del gobierno de los jueces.
Lamento decirle que está mal informado. al CGPJ no le corresponde elaborar ni poner en marcha los programas informáticos que utilizan los juzgados. Es la administración (Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma) la que tiene esa competencia, como en general todas las que afectan a lo smedios materiales y personales. Lo que quiero decir es que, si a los juzgados les faltan medios, no es culpa del CGPJ, que no tiene atribuida esa función ni gestiona el presupuesto de la administración de justicia, sino a lospoderes poriamente políticos, gobierno y parlamento, que con el lío de competnecias propio de esta materia, parece que «pasaban por allí», cunado son los principales y casi exclusivos responsables del estado de la justicia en España.