Doctrina sobre el alcance de responsabilidad del proveedor de servicios de pago y ordenante en operaciones no autorizadas en relación con el derecho de devolución: “Sobre las cuestiones prejudiciales[.] […] Primera cuestión prejudicial[:] […] [E]l usuario de servicios de pago está obligado a notificar «sin tardanza injustificada» a su proveedor de servicios de pago que ha llegado a su conocimiento, en particular, una operación de pago no autorizada «a más tardar» a los trece meses de la fecha del adeudo. Por consiguiente, […] el derecho […] a obtener la rectificación de una operación de pago no autorizada está supeditado al cumplimiento previo de un doble requisito temporal. […] De este modo, […] para obtener la rectificación de una operación, el usuario de servicios de pago está obligado tanto a notificar sin tardanza injustificada a su proveedor de servicios de pago que ha llegado a su conocimiento una operación de pago no autorizada, como a efectuar dicha notificación a más tardar a los trece meses de la fecha del adeudo. […] [L]a obligación de notificación «sin tardanza injustificada» […] persigue un objetivo preventivo [y] […] la mera observancia del plazo de trece meses […] menoscabaría esta finalidad […]. Por otro lado, […] el plazo de trece meses […] tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica tanto de los usuarios de servicios de pago como de los proveedores de estos servicios. […] De lo anterior se infiere que la obligación de notificación […] solo se considera cumplida si se satisface el doble requisito. […] Segunda cuestión prejudicial[:] […] [E]n primer lugar, […] el régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas […] está subordinado a la notificación por parte del usuario de esos servicios de cualquier operación no autorizada al proveedor de servicios de pago de conformidad con el citado artículo 58 […]. […] En la práctica, el régimen de prueba […] lleva, desde el momento en que la notificación […] se ha efectuado dentro del plazo establecido […], a someter al proveedor de servicios de pago a una obligación de devolución inmediata, de conformidad con el artículo 60 […]. Sin embargo, esta obligación de devolución inmediata del importe de la operación […] resulta atenuada por ciertas excepciones […]. [E]l […] artículo 61 establece […] que el ordenante soportará todas las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas o que sean fruto de su actuación fraudulenta o del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de sus obligaciones. […] Por lo tanto, […] el ordenante solo estará obligado a soportar las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas a raíz de la utilización de su instrumento de pago cuando haya actuado de forma fraudulenta o cuando haya tardado en notificar, deliberadamente o por negligencia grave, a su proveedor de servicios de pago o a la entidad designada por este, el extravío, el robo, la sustracción, o la utilización no autorizada de dicho instrumento de pago. […]. En segundo lugar, […] por un lado, […] cabe la posibilidad de que la obligación […] [d]el artículo 56 […] y la obligación de notificación […] [d]el artículo 58 […] nazcan simultáneamente. […] Por otro lado, […] el proveedor de servicios de pago que emite el instrumento de pago tiene la obligación de impedir cualquier utilización del instrumento de pago una vez efectuada la notificación […]. Además, […], salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará consecuencia económica alguna por la utilización, con posterioridad a la notificación a que se refiere el artículo 56 […] de un instrumento de pago extraviado, robado o sustraído. Por lo tanto, el ordenante no tiene, en ningún caso, interés en demorar la notificación que está obligado a realizar en virtud de esta última disposición ni, en su caso, la notificación que debe realizar […] si ambas obligaciones nacen simultáneamente. […] Por consiguiente, […] se desprende que, en el supuesto de una operación de pago no autorizada que, por un lado, sea consecuencia de la utilización de un instrumento de pago extraviado, robado o sustraído, o de la utilización no autorizada de tal instrumento, y, por otro, que el ordenante la haya notificado a su proveedor de servicios de pago en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo, dicho ordenante, en principio y salvo actuación fraudulenta por su parte, solo se verá privado de su derecho a obtener la devolución de la referida operación si tardó en notificar la operación de pago no autorizada a su proveedor de servicios de pago, deliberadamente o por negligencia grave. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente […] determinar si esto es lo que sucede con cada una de las retiradas controvertidas en el litigio principal […]. […] Tercera cuestión prejudicial[:] [P]rocede recordar que, […] el […] artículo 61 […] establece un nexo de causalidad entre, por un lado, el comportamiento del ordenante y, por otro, las pérdidas sufridas cuya rectificación no podrá obtener […]. [I]ncluso en caso de operaciones de pago no autorizadas realizadas de forma reiterada en el tiempo, todas ellas a raíz del mismo extravío, del mismo robo o de la misma sustracción del instrumento de pago de que se trate, el ordenante solo podrá verse privado del derecho a obtener la rectificación de aquellas operaciones que, deliberadamente o por negligencia grave, haya tardado injustificadamente en notificar a su proveedor de servicios de pago. […] En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia […] declara: 1) El artículo 58 de la Directiva 2007/64/CE […] debe interpretarse en el sentido de que el usuario de servicios de pago, en principio, se verá privado del derecho a obtener la rectificación de una operación si no notificó sin tardanza injustificada a su proveedor […] aun cuando se lo hubiera notificado en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo. 2) Los artículos 58, 60, […] y 61 […] de la Directiva 2007/64, en relación con el artículo 56 […], deben interpretarse en el sentido de que en el supuesto de una operación de pago no autorizada a raíz de la utilización de un instrumento de pago extraviado, robado o sustraído, o de la utilización no autorizada de tal instrumento, en el que el ordenante notificó esa operación a su proveedor de servicios de pago en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo, dicho ordenante, en principio y salvo actuación fraudulenta por su parte, solo se verá privado de su derecho a obtener la rectificación efectiva de la referida operación si tardó en notificarla a su proveedor de servicios de pago deliberadamente o por negligencia grave […]. 3) Los artículos 58, 60 […] y 61 […] de la Directiva 2007/64, en relación con el artículo 56 […] deben interpretarse en el sentido de que, cuando, por un lado, existan operaciones de pago no autorizadas sucesivas a raíz de la utilización de un instrumento de pago extraviado, robado o sustraído, o de la utilización no autorizada de tal instrumento, y, por otro lado, el ordenante, aunque respetando el plazo de trece meses desde la fecha del adeudo, tardó, en parte, en notificarlas a su proveedor de servicios de pago, deliberadamente o por negligencia grave, en principio, dicho ordenante solo se verá privado del derecho a obtener la devolución de las pérdidas ocasionadas como consecuencia de las operaciones que haya tardado en notificar a su proveedor de servicios de pago deliberadamente o por negligencia grave.” [Énfasis añadido]
