Aprobada la Ley de inversión en bienes tangibles

Fernando Zunzunegui 

El Proyecto de ley de inversión en bienes tangibles, rebautizado en el trámite parlamentario como “Proyecto de Ley de protección de los consumidores de la contratación de bienes con oferta de restitución del precio” ha sido aprobado en el pleno del Congreso del 29 de noviembre de 2007, por 197 votos a favor, del Partido socialista y de los nacionalistas, y 126 en contra, del Partido Popular. Es una ley que nace como respuesta política al fraude piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa.

La mejor descripción de la situación la realizó en el pleno Pedro María Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco, para quien:

En nombre de mi grupo he defendido en más de una ocasión el carácter financiero de estas operaciones que ahora se denominan mercantiles. Creemos que cuando se invierte una cantidad de dinero y al final de un periodo te devuelven un importe mayor sobre la base de un contrato, esa es una operación financiera sin matices. También hemos denunciado -así consta en los diarios de sesiones- que en todo este problema que se ha generado a más de 450.000 ciudadanos existen responsabilidades políticas y, como tal, el Gobierno, sea cual sea su color, no puede llamarse a andanas. El Partido Popular cuando observó en su día que podía estallar el tema de Fórum y Afinsa trató de derivar responsabilidades a las comunidades autónomas mediante una modificación, a través de una disposición adicional de la Ley 35/2003, canalizando estas operaciones como mercantiles cuando son claramente financieras. Los organismos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o el Ministerio de Economía y Hacienda no se han caracterizado en este asunto por su agudeza y acierto; más bien al contrario, se nos hace difícil aceptar que no hayan detectado con mayor antelación lo que estaba pasando. Recordemos que eran entidades que garantizaron durante más de veinticinco años unos intereses fuera de mercado. No eran además chiringuitos desconocidos. De ahí que nos sorprenda la inacción del Gobierno durante tantos años; de ahí que nuestro grupo parlamentario observe también responsabilidades políticas en este comportamiento.

Igualmente crítico se mostró el representante de Grupo Parlamentario Catalán, Jordi Xuclà, según el cual:

existía una responsabilidad in vigilando por parte de las administraciones públicas y que esta responsabilidad se prolonga transversalmente en distintas legislaturas.

Sin embargo, los grupos nacionalistas pese a identificar el problema de fondo aceptaron el proyecto como solución de mínimos.

A su vez, la posición mantenida en el Pleno por Rafael Merino del Grupo Parlamentario Popular se alineó de nuevo con las opiniones que mantienen en su defensa procesal quienes en su día fueron responsables de Fórum Filatélico y Afinsa. Según Rafael Merino:

El acta de una inspectora tributaria generó una intervención judicial que provocó, además, un hecho único, y es que estas dos empresas no pudieran seguir desarrollando su actividad empresarial, y eso provocó que los trabajadores de Fórum y Afinsa fueran al paro, que sus clientes perdieran sus ahorros -no son especulaciones, como ha dicho el Gobierno socialista- y que un sector económico haya desaparecido en la práctica, aunque ahora con este proyecto de ley quieren regular un sector que el propio Gobierno socialista se ha encargado de liquidar con actuaciones irresponsables y precipitadas.

Concluyendo su intervención el representante del Partido Popular con dos preguntas dirigidas al Grupo Socialista:

Yo les pregunto: ¿Qué diferencia hay entre un afectado por una catástrofe natural y un pensionista afectado por Fórum y Afinsa? ¿Por qué a uno se le ayuda y al pensionista de Fórum y Afinsa se le niega la ayuda?

Estas preguntas fueron contestadas por Carmen Montón, del Grupo Socialista, con otras dos preguntas:

Voy a hacer una puntualización con una pregunta: ¿Cómo se puede explicar a los ciudadanos que ahorran sin asumir riesgos y, sobre todo, al 40 por ciento de las familias españolas que tienen dificultades para llegar a final de mes que sus impuestos se destinen a financiar las pérdidas de otros colectivos que sí han podido ahorrar e invertir aceptando voluntariamente un riesgo aparejado al beneficio? ¿No puede ser esto insolidario con el resto de ciudadanos?

Desde luego poco tiene que ver la detección y gestión de un fraude financiero de carácter piramidal con una catástrofe natural. En el mercado financiero hay mecanismos especiales de detección, de quienes operan al margen de las prescripciones legales, y sistemas de gestión de las crisis financieras, que desgraciadamente todavía no existen para las catástrofes naturales. El fraude financiero puede ser detectado en sus inicios a través de los supervisores financieros y, una vez detectado, debe ser gestionado en defensa de la estabilidad del mercado y del conjunto de los ahorradores afectados.

La indemnización a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa no se desprende de las inversiones realizadas sino del reconocimiento de la responsabilidad de la Administración en el ejercicio de sus funciones de protección de ahorro. De existir en este caso una responsabilidad patrimonial del Estado, por el anormal funcionamiento de los supervisores financieros, nada tendrán que objetar el resto de los ciudadanos que en casos semejantes se verán igualmente protegidos.

Referencias

Texto completo de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio (BOE núm. 299, de 14 de diciembre).

Comentario de Antonio Ripoll Soler, notario de Torrevieja.