Migración a la Zona Única de Pagos en Euros

Fernando Zunzunegui 

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En estos días celebramos el quinto aniversario del euro. Como moneda fiduciaria ha sido un éxito, pero con su introducción no se ha logrado el objetivo de crear en Europa un mercado único de pagos. Los empresarios se quejan de que en el comercio internacional llegan antes los camiones que las transferencias de pago de las mercancías. Por el lado de los consumidores, usar la tarjeta para disponer de dinero en el extranjero resulta caro. Y antes de realizar una transferencia al exterior es conveniente preguntar sobre cuál va a ser su coste. Hay disparidad de precios entre los distintos Estados miembros. Mantener una cuenta corriente puede costar desde los 39 euros que cobran los bancos de algunos Estados hasta los 240 que cobran en otros. Pero tampoco es un servicio barato para las entidades financieras. La gestión de los pagos representa para la banca el 40 por ciento de sus costes pero significa menos del 20 por ciento de sus ingresos.

Para alcanzar un mercado de pagos único era necesario reaccionar. La respuesta ha venido de la propia industria financiera. En el año 2002, el sector crea su propia organización, el Consejo Europeo de Pagos, con el fin de lograr una Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, de sus siglas en inglés). Estamos hablando de un proyecto ambicioso, de sustitución de los medios de pago nacionales por medios de pagos europeos, que afecta a los sistemas de transferencias, domiciliaciones y tarjetas bancarias.

Se trata de un proceso autorregulado, gestionado por el propio sector, desarrollado con mucho trabajo y poca publicidad. Casi sin enterarnos estamos ya en una fase muy avanza de su implantación. En menos de un año deben estar disponibles los nuevos instrumentos de pago y la migración debe haberse concluido en el año 2010. Con el fin de facilitar su implantación se ha redactado una nueva Directiva de pagos. Cuenta con el respaldo político del Parlamento y de la Comisión Europea, y el impulso del Banco Central Europeo.

El proyecto afecta a todos los usuarios de los sistemas de pagos. Las grandes empresas podrán aprovechar el cambio para generalizar el uso de la factura electrónica. Las pequeñas y medianas empresas podrán cobrar sus ventas en el exterior con mayor facilidad. Y los consumidores podrán disponer de su dinero accediendo a su cuenta desde otros países europeos en las mismas condiciones en que lo hacen en España. Es un proyecto tan importante que no puede fallar ni tener aplazamientos. Por esta razón se está pidiendo la participación directa de las administraciones públicas en la promoción de los nuevos instrumentos de pago.

Los planes de migración a SEPA están a cargo de los diferentes comités nacionales. En España, la Asociación Española de Banca (AEB) y el Banco de España están llamados a coordinar todo el proceso de migración. El primer paso lo ha dado el Banco de España, convocando a los representantes de todas las entidades de crédito para informarles del desarrollo del proyecto en nuestro país. Hasta ahora solo BBVA, Santander, La Caixa y la CECA, han podido prepararse para el nuevo sistema, como miembros del Consejo Europeo de Pagos.

El comité español debería integrar, como sucede en Francia, a representantes de las asociaciones empresariales y de consumidores, junto a los de las entidades de crédito y de la Administración. Después de todo, el éxito de los nuevos instrumentos va a depender, por un lado, del uso que de los mismos hagan las empresas, y de otro, de la confianza que generen en los consumidores. Además hay cuestiones pendientes de determinar que pueden afectar al éxito de SEPA. ¿Quién va pagar el coste del cambio? ¿Será repercutido sobre los usuarios a través de una subida de las comisiones que pagan por los servicios de pago?

Publicado en El Economista.