Honorabilidad en el Santander

Fernando Zunzunegui
El Tribunal Supremo ha condenado por acusación falsa al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz. Se trata de un delito doloso contra un cliente. Esta condena significa la pérdida de la honorabilidad necesaria para continuar formando parte del consejo de administración del banco. Honorabilidad significa reputación profesional. Los altos cargos de la banca deben contar con honorabilidad comercial y profesional por observar las buenas prácticas financieras. Se aparta del mercado a quienes con su conducta o sus actos han atraído la desconfianza hacia su persona. Existen recursos que pueden llegar a suspender la condena. Como todo ciudadano Sáenz tiene abierta la vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero con la condena del Tribunal Supremo, habiendo quedado probados unos hechos constitutivos de un delito doloso, Sáenz debe ser apartado de sus responsabilidades. Lo debe ser porque así lo dice la ley bancaria y porque lo exigen los estándares de gobierno corporativo asumidos por el propio banco. El Banco de España debe requerir el cese inmediato del administrador condenado y la licencia del Banco Santander queda condicionada al cumplimiento del citado requerimiento. Así de serias son las cosas en el mercado financiero. Un mercado caracterizado por su regulación y la importancia de la disciplina. Los bancos trabajan con el dinero de los demás. Viven del ahorro del público. Son la columna vertebral del sistema financiero. Al margen del dictado de la Ley, el buen gobierno corporativo exige anteponer el interés de los clientes al propio del banco y sus administradores. Ante la menor duda de una actuación contraria a los clientes y a las buenas prácticas financieras, el consejero afectado debe ser apartado del cargo. Y con la condena firme el deber ético se convierte en obligación legal. Se corta por lo sano sin prejuzgar el resultado del recurso de amparo. Sin embargo, el Banco Santander ha ratificado su confianza en Sáenz, en una decisión contraria a los dictados del buen gobierno difícil de entender por los mercados internacionales.

Referencias
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2011