Archivos de la categoría Diccionario

Diccionario de Derecho del Mercado Financiero

Diez preguntas sobre la usura

Fernando Zunzuneguipdf

usuraEn la actualidad, aunque pueda resultar paradójico, conviven los intereses muy bajos o negativos en el mercado monetario, con elevados tipos de interés en el crédito personal. A esta situación se añaden las dificultades económicas para hacer frente a las cuotas de los créditos ya sean al consumo o hipotecario, lo cual empuja a la refinanciación. Muchas familias están soportando una carga financiera desproporcionada. Miran a la sanción de la usura como una posible salida al desequilibrio contractual. Pero la usura es un concepto que, aunque enraizado en nuestra cultura, está en continua evolución. Se ha llegado incluso a juzgar la sanción de la usura como incompatible con la economía de mercado, por ser contraria a la libertad de contratación (caveat emptor). Conviene pues pararnos un momento para responder a diez preguntas que nos lo aclaren. Sigue leyendo

Diez preguntas sobre la usura

Fernando Zunzuneguipdf
usur13En la actualidad, aunque pueda resultar paradójico, conviven los intereses muy bajos o negativos en el mercado monetario, con elevados tipos de interés en el crédito personal. A esta situación se añaden las dificultades económicas para hacer frente a las cuotas de los créditos ya sean al consumo o hipotecario, lo cual empuja a la refinanciación. Muchas familias están soportando una carga financiera desproporcionada. Miran a la sanción de la usura como una posible salida al desequilibrio contractual. Pero la usura es un concepto que, aunque enraizado en nuestra cultura, está en continua evolución. Se ha llegado incluso a juzgar la sanción de la usura como incompatible con la economía de mercado, por ser contraria a la libertad de contratación (caveat emptor). Conviene pues pararnos un momento para responder a diez preguntas que nos lo aclaren. Sigue leyendo

Entrega contra pago y neutralidad financiera

Prof. Dr. Fernando Zunzunegui, Universidad Carlos III de Madrid

entregacontrapagoEntrega contra pago (delivery versus payment) es un tecnicismo bursátil en el que merece la pena detenerse. Se refiere al modo en que se liquidan las compraventas bursátiles.

En Bolsa, las compraventas tienen lugar entre entidades financieras miembros del mercado. Sigue leyendo

¿Qué es el Euribor?

Fernando Zunzunegui

euriborEl Euribor (Euro Interbank Offered Rate) es el tipo al cual los bancos se ofrecen en la zona euro depósitos interbancarios a plazo. Se calcula por un comité de expertos a través de las ofertas de un conjunto de bancos de primera clase. Es una marca registrada propiedad de la Federación Europea de Bancos. Sirve de referencia para los mercados de dinero y de capitales en la zona euro. Por ejemplo, es la referencia más utilizada para actualizar el tipo de interés que debe pagarse en las hipotecas a interés variable.

No debe confundirse con el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo. Este tipo oficial es el tipo de interés mínimo al que las entidades bancarias pueden pujar en las operaciones de financiación en las subastas organizadas por el BCE. Sirve para determinar la orientación de la política monetaria del BCE.

Referencia

Vea la explicación de lo qué es el Euribor por parte del profesor Zunzunegui en la Tertulia Capital de Intereconomía, del jueves 28 de febrero de 2008 (minuto 12).

¿Qué son los contratos por diferencias (CFD)?

Comentario a la Comunicación de la CNMV sobre CFD
Fernando Zunzunegui

contratos-por-diferenciasLos contratos por diferencias (CFD, de sus siglas en inglés: Contract For Differences), son contratos en los que las partes acuerdan hacer frente al pago de la diferencia entre el precio de compra de un producto financiero subyacente y el precio de venta de dicho subyacente en un momento posterior, sin requerir por lo tanto el desembolso del precio de la compra o de la venta. El subyacente puede ser un valor negociable, un índice, una divisa, un tipo de interés o cualquier otro producto financiero.

La CNMV interpreta que estos contratos tienen naturaleza financiera, aunque cabría precisar que más bien son “instrumentos financieros”, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado segundo del art. 2 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), sometidos como tales a la supervisión de la CNMV. Según dice esta letra, también quedan comprendidos dentro del ámbito de la LMV los siguientes instrumentos financieros: “Los contratos financieros a plazo, los contratos financieros de opción y los contratos de permuta financiera, siempre que sus objetos sean valores negociables, índices, divisas, tipos de interés, o cualquier otro tipo de subyacente de naturaleza financiera, con independencia de la forma en que se liquiden y aunque no sean objeto de negociación en un mercado secundario, oficial o no.” Precisamente la inclusión en este apartado de los contratos a plazo con subyacente financiero “con independencia de la forma en que se liquiden” permite deducir que los CFD pertenecen a los instrumentos descritos en esta letra.

Este tipo de instrumentos financieros puede ser creado de forma estandarizada, integrando una emisión de contratos homogeneos, o de forma individualizada. Cuando integren una emisión, su distribución entre el público deberá venir acompañada de un folleto debidamente registrado en la CNMV.

Para aquellos que se suscriban de forma individualizada, a los que no les será exigible el folleto, el contrato se covierte en el medio fundamental para la transparencia del producto y la protección del inversor, de tal modo que deberá contener todas las menciones necesarias para que el cliente conozca las condiciones en las que opera. Si embargo, no se ha dado el paso de considerar exigible la utilización de un contrato-tipo para contratar este tipo de CFD.

En todo caso, los CFD, sean emitidos en serie o de forma individualizada, se someten a las normas de conducta de la LMV, y en particular a las de prevención del abuso de mercado. De conformidad con el test de idoneidad de la MiFID, las entidades deben dotarse de procedimientos para garantizar que disponen de información sobre la situación financiera, conocimientos, experiencia inversora y objetivos de inversión de los clientes a los que ofrezcan la contratación de este tipo de instrumentos financieros.

Para la CNMV los CFD son productos derivados complejos, inversiones apalancadas en las que el intermediario suele exigir el depósito de un porcentaje de la inversión total, en concepto de garantía. Este apalancamiento, advierte la CNMV produce un efecto multiplicativo no sólo de las ganancias sino también de las pérdidas.

Referencias

Lea el texto completo del Comunicado de la CNMV, sobre contratos de diferencias, de 20 de septiembre de 2007.

Lea la advertencia de riesgo a los inversores en el documento de la CNMV: ¿Qué es necesario saber sobre los CFD?

¿Qué son las cartas de patrocinio?

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de febrero de 2007; ponente: Juan Antonio Xiol Rios
Fernando Zunzunegui

cartas-de-patrocinioLas cartas de patrocinio son un medio utilizado en el mercado financiero para favorecer la concesión de crédito. De forma sistemática y con precisión la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2007 aborda su encuadramiento en el ordenamiento español, fijando los requisitos que deben concurrir para que se les atribuyan los efectos propios de los contratos de garantía.

 Marco: la libertad contractual

“En los contratos bancarios entre empresas es menester conciliar el reconocimiento de la libertad de contratación, acogiendo las nuevas figuras típicas del tráfico bancario, entre las que figuran las cartas de patrocinio, y la necesidad de interpretar tales contratos de acuerdo con las normas vigentes, impidiendo fraudes de ley y abusos de derecho.”

“Dicha figura crediticia se funda en nuestro Derecho en el principio de libertad de contratación establecido en el artículo 1255 CC .”

Denominación: cartas de patrocinio

Las “llamadas, «cartas de patrocinio», también denominadas «cartas de confort», «cartas de apoyo», «cartas de conformidad», «cartas de responsabilidad», «cartas de garantía». Con ellas se designa una fórmula de crédito financiero, que se ha introducido en nuestro derecho proveniente del derecho anglosajón («letter or responsability», «letter of support», «letter de patronage», «letter of intention», etc.), a las que la doctrina científica moderna española ha dado carta de naturaleza, y que asimismo recoge la jurisprudencia de esta Sala -SSTS de 16 de diciembre de 1985 y colateralmente la de 10 de julio de 1995 –”

Función: facilitar la movilización del crédito

“Esta institución ha adquirido importancia en el tráfico mercantil como tendente a facilitar la celebración de contratos de crédito, ya que puede comportar ventajas fiscales, de normativa contable, de control de cambios, admite una indeterminación de los efectos jurídicos subsiguientes al acto de emisión de la carta y permite una función de movilización del crédito.”

Clases: cartas “fuertes” y “débiles”

“Doctrinalmente ha surgido la distinción de dos clases de cartas de patrocinio, las «cartas fuertes» y las «cartas débiles».”

“Las «cartas fuertes» pueden entenderse como contrato atípico de garantía personal con un encuadramiento específico en alguna de las firmas negociales o categorías contractuales tipificadas en el ordenamiento jurídico como contrato de garantía, o como contrato a favor de terceros, o como promesa de crédito, criterio seguido en la STS de 16 de diciembre de 1985 , que lo refiere al contrato de fianza, la cual puede constituirse por carta del fiador al banco (STS de 14 de noviembre de 1988 ).”

Las «cartas débiles» “suelen ser emitidas generalmente para declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la sociedad que aspiran al crédito, de la viabilidad económica de la misma. Dichas «cartas débiles» pueden estimarse como simples recomendaciones que no sirven de fundamento para que la entidad crediticia pueda exigir el pago del crédito a la entidad patrocinadora.”

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la carta para que se le atribuyan los efectos de un contrato de garantía?

“1) que exista intención de obligarse la sociedad matriz a prestar apoyo financiero a la filial o a contraer deberes positivos de cooperación a fin de que la Compañía subordinada pueda hacer efectivas las prestaciones que le alcanzan en sus tratos con el tercero favorecido por la carta, careciendo de aquella obligatoriedad las declaraciones meramente enunciativas;

2) que la vinculación obligacional resulte clara, sin que pueda basarse en expresiones equívocas, por aplicación analógica de los requisitos de la declaración constitutiva de la fianza del art. 1827 CC ;

3) que el firmante de la carta tenga facultades para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza;

4) que las expresiones vertidas en la carta sean determinantes para la conclusión de la operación que el patrocinado pretenda realizar; y

5) que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito o situación propia de sociedad matriz de sociedad filial, lo que es algo distinto de la posición de accionista mayoritario de la patrocinadora en la patrocinada, haciendo referencia además a que la traslación de responsabilidad -sólo admisible en casos excepcionales- que dichas cartas significan tienen su actuación propia en la esfera de los créditos bancarios solicitados por la sociedad filial, con promesa de garantía asumida por la sociedad cabeza de grupo.”

Y ¿pueden ser consideradas como un mandato de crédito?

“Se puede acudir con otros sectores doctrinales a la asimilación con otras figuras contractuales menos sensibles al factor de equivocidad que frecuentemente pretende introducirse en estos documentos por aquel que los emite para así desdibujar la idea de afianzamiento; entre otras, el mandato de crédito, asimilando las relaciones derivadas de la emisión de las cartas de patrocinio y las relaciones típicas del mandato, cosa que implica, como principal consecuencia, el reconocimiento de la responsabilidad del emisor en aquellos casos en que su destinatario atiende al requerimiento formulado en la carta, o, en otros términos, el hecho de que el destinatario provea a la financiación del patrocinado, lo que debe determinar el nacimiento de una obligación encaminada a mantener indemne al colaborador de los perjuicios que se deriven del cumplimiento del encargo, constituyendo la propuesta de mandato el motivo determinante de la actuación del mandatario y provocando, en caso de ser aceptada, los efectos jurídicos correspondientes al contrato de mandato.”

¿Cuál sería entonces su efecto?

“Así quien inste a otro a dar crédito a un tercero y logra efectivamente la concesión del crédito solicitado puede quedar obligado jurídicamente, no ya tanto por mediar contactos previos más o menos explicitados en acuerdos, sino porque el ordenamiento viene a contemplar y dar relevancia al hecho de haber obtenido la satisfacción del interés que el encargo expresaba, pudiendo el destinatario de la carta de patrocinio (concedente) dirigirse para reclamar la efectividad y cumplimiento del contrato de crédito contra el también interesado (patrocinadormandante) cuando el acreditado incumpla -artículos 1712, 1729 CC y 287 del Código de Comercio-, ello al margen de la responsabilidad que pueda apreciarse en el emisor de la carta de patrocinio, en cada caso concreto, como verdadero interesado en la subsiguiente operación de crédito y beneficiado en definitiva por la misma, cual sucede a menudo en los supuestos de sociedades participadas o integrantes de grupo.”

Lea el texto completo de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de febrero de 2007.

¿Puede el banco negarse a reembolsar por encima de cierto importe?

Fernando Zunzunegui

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reembolsobancarioEn ocasiones, la banca se niega a reembolsar el saldo en cuenta por encima de cierto importe. Se alegan motivos de seguridad o la normativa interna de la entidad. Es una mala práctica bancaria.

La disponibilidad a la vista, es decir a voluntad del cliente, de los depósitos bancarios es un aspecto esencial de la relación contractual que se establece entre el banco y el cliente. El cliente tiene derecho al reembolso y el banco está obligado a mantener el saldo disponible, haciendo frente de forma inmediata a las retiradas de depósitos. Ante la imposibilidad de cumplimiento, el banco deberá ofrecer los medios alternativos a su alcance para satisfacer la necesidad de liquidez de cliente, indemnizando al cliente de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

No nos referimos a la necesaria comprobación de la identidad del cliente, sino al hecho de negarle al cliente previamente identificado el reembolso por encima de ciertas sumas por no haber dado un aviso previo.

En opinión del Servicio de Reclamaciones del Banco de España “no existe disposición alguna que limite los pagos en efectivo que se han de realizar por las entidades de crédito, debiendo, en consecuencia, atender, mediante billetes y monedas de curso legal, las órdenes de pago que cursen sus clientes con cargo a los fondos que tengan disponibles, sea cual fuere el importe de las mismas.”

El art. 11 del Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en su párrafo primero decía que “los bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito solo vendrán obligados a pagar en efectivo los talones o cheques a su cargo hasta el limite de quinientas mil pesetas.” Pero dicho precepto fue derogado por Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana.

Además según el citado Servicio, “no parece ajustado a las buenas prácticas bancarias que se opongan a los reintegros solicitados alegando limitaciones recogidas en sus normas internas, establecidas únicamente por haberse ordenado el reintegro en una oficina distinta a la de origen de la cuenta.” Y concluye: “las entidades únicamente pueden negarse a atender las órdenes de disposición de fondos de sus clientes por superar un determinado importe (impuesto por la entidad sobre la base de su «normativa interna») si esta circunstancia está prevista contractualmente.”

Ante la insuficiencia de fondos en un momento determinado, el Servicio considera que la entidad bancaria debe ofrecer al cliente “otros medios de pago alternativos (conformación de cheques, expedición de cheque bancario, etc.) para que pudieran disponer de los fondos depositados en sus cuentas, sin que se les pueda cobrar comisión alguna al respecto, al no haberse prestado este «servicio» por una solicitud específica de su cliente, sino en cumplimiento de una obligación que tienen asumidas las entidades, por disposición legal o contractual (servicio de caja).”

Esta solución era precisamente la recogida en el derogado art. 11 del Real Decreto-ley 3/1979, que en su párrafo segundo decía: “Las cantidades que excedan de dicho limite [de quinientas mil pesetas] podrán ser pagadas mediante talón, cheque bancario, abono en cuenta corriente u otra modalidad que no suponga movilización inmediata de efectivo, a elección del tenedor.”

¿Qué son las juntas virtuales?

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Fernando Zunzunegui

juntasvirtualesSe denominan juntas virtuales a las juntas generales de las sociedades cotizadas en bolsa que tienen lugar a través de internet, en las que los accionistas acceden y votan a través de su ordenador, sin necesidad de desplazarse físicamente al lugar de la reunión. De este modo se facilita al accionista el ejercicio de sus derechos y se logra reactivar las juntas como órganos soberanos de la voluntad social. La participación de los accionistas en las juntas sigue viéndose en la Unión Europea como la mejor forma de supervisar a los administradores y de asegurar el buen gobierno corporativo.

Con las juntas virtuales se trata de hacer frente al fenómeno del abstencionismo de los accionistas minoritarios. Así, en las sociedades del Ibex-35 no acuden a las juntas generales accionistas que representan un tercio de todo el capital social. Se les califica de apáticos o de velar más por su cartera que por la marcha de las sociedades en las que tienen invertido su dinero. Pero los pequeños inversores cada vez están mejor informados y tienen más cultura financiera. Lo que les faltaba eran los instrumentos adecuados para ejercer sus derechos. Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, para entendernos internet y el móvil, les proporcionan un medio eficaz de participación en la vida social. Pueden participar directamente, registrándose para acceder y votar en las juntas a través de internet o del móvil, o pueden optar por otorgar, a través de estos mismos medios, su representación a terceros que les representen en las votaciones.

Para participar en las juntas virtuales es necesario darse de alta en un sistema de firma electrónica. Así se asegura la identidad del accionista que participa en la junta o de quien otorga su representación. Pero los sistemas de acreditación son complejos en opinión de los inversores y deberían simplificarse con el fin de popularizar el acceso a las juntas por medios electrónicos.

En España las juntas siguen siendo reuniones presenciales. Se hace necesaria la difusión del nuevo sistema entre los inversores. En el año 2005, sólo 20 de las 35 empresas del Ibex permitieron el voto electrónico y las preguntas en directo por internet sólo se realizaron en 4, según informa el Foro del Pequeño Accionista, promovido por IESE. Esta difusión del nuevo sistema debería correr a cargo de las propias sociedades cotizadas. Pero nos encontramos ante cierta hostilidad por parte de algunos administradores de las sociedades cotizadas quienes, más allá de puntuales campañas de marketing, consideran una amenaza a su posición de poder la democratización de las sociedades que puede producirse con la generalización del voto electrónico.

Los accionistas acreditados a través del sistema de firma electrónica podrán acceder a la junta, participar en las deliberaciones a través del correo electrónico y votar las resoluciones. Pero, para facilitar la gestión de las juntas virtuales, los estatutos pueden establecer que las propuestas y el sentido del voto de los accionistas deban ser anteriores al momento de constitución de la junta. Además, aunque los accionistas puedan intervenir durante la celebración de la junta, su participación en las deliberaciones queda de algún modo limitada, pues, los administradores disponen de un plazo de siete días desde la celebración de la junta para contestar a sus interpelaciones.

Los accionistas pueden participar directamente en las juntas o escoger a un tercero para que le represente. Lo más habitual será acudir a una asociación de accionistas que reciba su representación y vote en la junta de conformidad con sus instrucciones. Con el fin de facilitar su elección el Código Conthe ha propuesto abrir en la CNMV un registro de las asociaciones de accionistas más representativas y se ha mostrado favorable a impulsar foros de accionistas. Por otro lado, para facilitar el acceso a la información y la agrupación de los accionistas, se ha ampliado de quince días a un mes el plazo legal que debe mediar entre la publicación de la convocatoria y la fecha de la celebración de la junta.

Hay por otro lado empresas dedicadas a la captación de representaciones, que actúan por cuenta de los inversores institucionales o de las propias sociedades emisoras. Para hacer frente a los conflictos de interés que pueden surgir en la prestación de este tipo de servicios, el citado Código ha propuesto la revisión de la regulación de las solicitudes públicas de delegación de voto con el fin de incrementar su transparencia y neutralidad.

¿Cuándo se suspende la cotización de un valor?

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Fernando Zunzunegui

suspensioncotizacionUna vez admitidos los valores a negociación en bolsa los inversores gozan de las ventajas que proporcionan la liquidez del mercado y la seguridad de las transacciones. La bolsa les asegura poder comprar o vender en cualquier momento a través de sistemas organizados de negociación. Con la suspensión de la negociación los inversores se ven privados de la posibilidad comprar o vender sus títulos en el mercado. Podrán hacerlo fuera de bolsa, en el mercado gris que se crea cuando las suspensiones se prolongan en el tiempo, pero sin las garantías, como la referencia que proporciona la cotización oficial, que ofrece la bolsa.

Pero las suspensiones son necesarias para prevenir el uso de información privilegiada y asegurar que todos los inversores disponen de la misma información. Por ejemplo, ante los insistentes rumores de que Indra estaba en negociaciones con Unión Fenosa para comprar su filial de consultoría Soluziona, la CNMV procedió en la mañana del pasado 26 de julio a suspender la cotización del valor, que fue levantada una vez se confirmaron en hecho relevante las intenciones de estas empresas.

La decisión de suspender la negociación es competencia de la CNMV. Hay situaciones en que el deber de suspender está reglamentado. Así ocurre cuando hay una solicitud de opa, supuesto en el que la CNMV está obligada a suspender la negociación de los valores afectados por la oferta, suspensión que se prolonga hasta que se publique el folleto. Pero en otros casos, como el de la adquisición de Soluziona por Indra, que no son de opa, es la CNMV quien decide sobre el momento de la suspensión y sobre su alcance. Así la suspensión en este caso, que sólo alcanzo a las acciones de Indra y no a las de Unión Fenosa, matriz de Soluziona, se adoptó una semana después de que la prensa económica hubiera anunciado las intenciones de Indra, con el consiguiente peligro de que la actuación tardía del supervisor pudiera haber facilitado que algunos iniciados se hayan podido enriquecer negociando con información privilegiada, como de algún modo se refleja en el volumen y en los cambios en la cotización en los días anteriores a la suspensión.

Es frecuente que ante rumores de operaciones que afectan a las sociedades cotizadas, la CNMV suspenda la cotización y requiera a las empresas para que informen al mercado de la realidad de la situación. La suspensión puede durar menos de una hora como en el caso de Indra, varios días como en la que afectó a Arcelor del 21 al 26 de junio pasado o incluso meses, como la posterior a la intervención de Banesto.

Falta en España un desarrollo reglamentario de las suspensiones de negociación que limite la discrecionalidad de la CNMV, fijando, como es preceptivo, un plazo máximo a la duración de las suspensiones. Por ejemplo, en Italia las suspensiones se condicionan a que se den determinadas situaciones como la falta de difusión de informaciones relevantes, la insolvencia o la disolución del emisor, o las salvedades de los auditores y su duración no puede ser superior a 18 meses, transcurrido el cual se debe proceder a la exclusión de la negociación.

La suspensión puede acordarse de oficio por la CNMV, pero también a instancia de la sociedad rectora de la bolsa, quien, en caso de urgencia, puede acordar por si misma la suspensión. Así ante noticias o incidencias en el desarrollo de la sesión que pudieran afectar al sistema de contratación, la bolsa puede interrumpir cautelarmente la contratación durante el tiempo imprescindible para que se conozca el exacto alcance de la noticia o se resuelva la incidencia.

Además junto a estas medidas cautelares, la sociedad rectora de la bolsa con el fin de prevenir las crisis bursátiles gestiona las fuertes variaciones que pueden producirse en los precios de los valores cotizados. Tradicionalmente se suspendía la cotización de un valor cuando en una sesión se superaba una variación del 15 por ciento. Era una medida radical pero clara. Un inversor sabía que en una sesión bursátil no podía ganar o perder más del 15 por ciento del patrimonio invertido. Ahora, desde el cambio al euro, la bolsa realiza una gestión individualizada de cada valor, midiendo su volatilidad. Cuando un valor supera ciertos rangos de variación del precio se suspende durante unos minutos la negociación, los suficientes para reiniciar la negociación tras una subasta que facilite la reacción de los inversores. Este ajuste fino en la gestión de las variaciones en los precios es el que mejor responde al objetivo de defender la eficiencia y la liquidez del mercado de valores, según el artículo de Kim/Yague/Yang: The Relative Performance Between Trading Halts and Price Limits: Spanish Evidence. Pero desde la perspectiva del inversor tiene la desventaja de dejar indeterminado el alcance de las pérdidas que puede llegar a sufrir en una sola sesión bursátil.

Publicado en Expansión.

¿Qué se requiere para cotizar en bolsa?

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Fernando Zunzunegui
bolsaLas empresas pueden acudir a la bolsa como forma alternativa a la financiación bancaria. La cotización en bolsa da prestigio a la marca, contribuye a la buena gestión de la empresa y proporciona liquidez a los accionistas. No obstante, la salida a bolsa tiene un riesgo de reputación. Como consecuencia de una débil demanda de títulos o un cambio de la coyuntura del mercado el oferente se puede ver forzado a suspender la salida a cotizar, como recientemente le ha vuelto a ocurrir a LaNetro. Una salida frustrada puede dañar la imagen a la sociedad y hacerle perder oportunidades de negocio. Ante las dificultades de salir a bolsa, siempre se podrá acudir a las sociedades de capital-riesgo o a los denominados business angels, en busca de financiación al margen del mercado.

En principio, cualquier sociedad anónima puede distribuir sus acciones entre el público solicitando su admisión a negociación en bolsa. La admisión a negociación se produce, a solicitud del emisor, por acuerdo de la sociedad rectora de la bolsa, previa verificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

  1. Para la admisión a negociación el importe total de las acciones cuya admisión a negociación se solicite debe ser como mínimo de seis millones de euros y al menos la cuarta parte del capital debe quedar repartida entre el público. Se trata de un requisito de difusión mínima que trata de asegurar la liquidez de los valores.
  2. Las acciones deben estar representadas por anotaciones en cuenta en registros a cargo de Iberclear. Con este fin será necesaria la conversión previa de los títulos en papel en anotaciones en cuenta, con entrega para su destrucción de los antiguos títulos.
  3. Las acciones deben ser libremente transmisibles. Las cláusulas estatutarias limitativas a la libre transmisibilidad de las acciones son incompatibles con la cotización en bolsa. Estas limitaciones restarían liquidez a los valores y crearían problemas de gestión en la contratación y liquidación de las operaciones. Además, para que las acciones puedan ser admitidas a negociación los estatutos no pueden haber establecido desventajas o diferencias en los derechos que correspondan a los accionistas que se encuentren en condiciones idénticas. Cuestión distinta es que existan pactos entre accionistas que limiten la libre transmisibilidad o el ejercicio del derecho de voto. Este tipo de pactos parasociales son válidos y no condicionan la admisión en bolsa de las acciones, pero deben ser comunicados a la CNMV y quedar inscritos en el Registro Mercantil, para conocimiento del mercado y de los inversores.
  4. La admisión a negociación se condiciona a que con carácter previo se aporten y queden registrados en la CNMV la escritura de constitución, los estatutos y los demás documentos que acrediten la regularidad jurídica del emisor, los estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios y el correspondiente folleto informativo.

Sin embargo, ya no se exige acreditar una rentabilidad en los años anteriores a la salida a bolsa. Lo que se exige ahora es que el folleto presente de forma fácilmente analizable y comprensible la información necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación de la oferta, en particular sobre los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas de negocio del emisor. En relación con el folleto la labor de verificación de la CNMV es muy intensa. En ocasiones obliga a incluir en el folleto determinadas advertencias de riesgo sobre los valores destinadas a los inversores. Todavía recordamos el amplio capítulo de advertencias de riesgos que la CNMV obligó a incluir en el folleto de salida a bolsa de BME.

El procedimiento de admisión a negociación comienza con la presentación de la solicitud dirigida a la sociedad rectora de la bolsa. Recibida la solicitud se abre un expediente de admisión a negociación y se procede a examinar la regularidad del emisor y de la emisión, y las características de difusión y transmisibilidad del valor. Habitualmente se contrata un banco de inversión para que, en colaboración con los asesores jurídicos de la empresa, diseñe la operación y dirija la colocación de los valores entre el público.

Los emisores de valores admitidos a negociación en más de una bolsa pueden solicitar la admisión a negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil, también denominado mercado continuo. Este sistema, de ámbito nacional, cumple la función de integrar las bolsas nacionales y las autonómicas en un único sistema de contratación. La admisión a negociación en este sistema requiere el acuerdo de la CNMV, quien valora la liquidez, frecuencia y volumen de contratación de los valores, previo informe favorable de la Sociedad de Bolsas.

Publicado en Expansión.