STS, Sala de lo Civil, núm 602/2022, de 14 de septiembre de 2022, recurso: 2753/2019. Ponente: Excmo. Sr. Ignacio Sancho Gargallo

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foto sinopsis Legitimación en el régimen concursal de suspensión de facultades (STS 14 septiembre 2022)

Falta de legitimación del concursado para interponer demandas en el régimen de suspensión de facultades: “[…] Cuando Inversiones Mebru S.A. interpuso la demanda de oposición a la aprobación judicial del convenio, el 16 de octubre de 2017, ya estaba en concurso de acreedores y tenía suspendidas sus facultades de administración y disposición de bienes. El concurso había sido declarado por auto de 7 de noviembre de 2016, que acordó la suspensión de facultades patrimoniales de la concursada. La legitimación para interponer la demanda venía regulada, en aquel entonces, en el art. 54 LC, en concreto en el apartado 1, según el cual: “1. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las acciones de índole no personal […]”. No se cuestiona que la demanda de oposición al convenio ejercita una acción de índole no personal, por lo que la ley restringe la legitimación activa a la administración concursal. […] Cuando se interpuso la demanda, el demandante ya estaba sujeto a la suspensión de facultades patrimoniales, y, en aplicación del art. 54.1 LC, carecía de legitimación para interponer la demanda. Sólo podía hacerlo la administración concursal. […] En caso de suspensión de facultades patrimoniales, la ley restringe la legitimación para presentar demandas con acciones de índole no personal a la administración concursal (art. 54.1 LC) y no hay margen para que pueda hacerlo el propio deudor. El deudor sólo está legitimado para “personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido” (art. 54.3); y en aquellos casos en que hubiera iniciado el propio deudor (cuando no estaba afectado por una limitación de facultades patrimoniales, o estaba sujeto a intervención y contaba con la anuencia de la administración concursal) y durante la tramitación del procedimiento pasa al régimen de suspensión de facultades patrimoniales y la administración concursal le sustituye en el procedimiento. El texto refundido de 2020 lo regula ahora en el art. 121, en unos términos más claros: «1. El concursado podrá actuar de forma separada, por medio de procurador y abogado distintos de los de la administración concursal, en los procedimientos en trámite a la fecha de la declaración de concurso en que hubiera sido sustituido por la administración concursal y en los nuevos procedimientos promovidos por esta, siempre que un tercero haya garantizado de forma suficiente ante el juez del concurso que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena al pago de las costas no recaerán sobre la masa activa del concurso, y así lo acredite el concursado en el procedimiento en que estuviera personado». […] Cuando el deudor tiene suspendidas sus facultades patrimoniales, no puede presentar demandas con acciones de índole no personal, ni siquiera con la autorización de la administración concursal. En esos casos, la legitimación para interponer esas demandas se restringe a la administración concursal. De tal forma que al deudor sólo se le permite personarse y actuar de forma separada, cuando previamente el procedimiento ha sido iniciado por la administración concursal. […]” [Énfasis añadido]

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