STC, Sala Segunda, núm. 23/2022, de 21 de febrero de 2022, recurso de amparo, núm. 6420-2019. Promovido por don Ramón Agenjo Bosch en relación con resolución sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad sancionadora (proporcionalidad) y a la protección de datos: sanción por comisión de infracción muy grave objeto de posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Ponente: D. Cándido Conde-Pumpido Tourón.

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foto sinopsis El TC declara constitucional la publicación en el BOE de las resoluciones sancionadoras de la CNMV  (Sentencia TC 21 febrero 2022)

La publicación de una sanción en el BOE no constituye una sanción per se sino una consecuencia accesoria a la imposición de sanciones graves: “[…] [E]s preciso examinar, si la publicación en el BOE de la sanción muy grave impuesta al recurrente constituye […] un acto de naturaleza sancionadora per se o si responde a otras finalidades distintas a las punitivas y no puede ser considerada como sancionadora en sí misma […]. Como ha sostenido invariablemente el Tribunal en los casos en los que ha tenido que pronunciarse sobre si una consecuencia jurídica tiene o no carácter punitivo «habrá que atender, ante todo, a la función que tiene encomendada en el sistema jurídico. De modo que si tiene una función represiva y con ella se restringen derechos como consecuencia de un ilícito, habremos de entender que se trata de una pena o sanción en sentido material, pero si en lugar de la represión concurren otras finalidades justificativas deberá descartarse la existencia de una pena, por más que se trate de una consecuencia gravosa. […] Además, hemos precisado igualmente que una cosa «es que las sanciones tengan, entre otras, una finalidad disuasoria, y otra bien distinta que toda medida con una finalidad disuasoria de determinados comportamientos sea una sanción […]. [L]a publicación en el BOE de la resolución […] por la que se impuso al recurrente una multa por importe de 30 000 euros por la comisión de una infracción muy grave de la Ley del mercado de valores no constituye una sanción, sino que se trata de una consecuencia anudada a la imposición de las sanciones graves prevista por la propia ley […] y que no tiene per se una función punitiva o de castigo. La finalidad primordial de la publicación en el diario oficial del Estado es advertir a los inversores de una actuación que puede afectar al buen funcionamiento del mercado financiero –en particular el abuso del mercado y el uso de información privilegiada–, y garantizar la transparencia y eficacia en la labor de supervisión que lleva a cabo la CNMV; no la de «infligir al infractor un perjuicio». Por consiguiente, a la resolución por la que se dispone […] la publicación […] no le son directa y autónomamente aplicables las garantías de los artículos 24.2 y 25 CE que debe respetar la administración cuando ejerce la potestad sancionadora. […] Procede, en atención a lo expuesto, la desestimación íntegra de este motivo. […]” [Énfasis añadido]

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