STS, Sala de lo Contencioso, núm 1385/2021, de 25 de noviembre de 2021, recurso: 345/2020. Ponente: Excmo. Sr. José María del Riego Valledor.

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foto sinopsis Banco Santander debe responder de la infracción por blanqueo de capitales cometida por Banco Popular (STS 25 noviembre 2021)

Sucesión en la responsabilidad sancionadora “[…] Alega la parte recurrente que la sanción a Banco Popular supone una contravención material de los objetivos y principios de la normativa de resolución de entidades financieras y de los principios y objetivos de la resolución de Banco Popular, en particular, pues la regulación de la resolución de las entidades de crédito tratade evitar la liquidación concursal, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero minimizando el uso de recursos públicos, y en los supuestos de elección del instrumento de resolución de venta del negocio, la consecución de tales objetivos depende de que aparezca un tercero que adquiera ese negocio, por lo que ese tercero debe ser objeto de la protección de los poderes públicos, y en dichos casos, aunque la entidad resuelta tenga la misma personalidad, materialmente la entidad en la resolución muta en una nueva entidad, con nuevo capital, nuevos accionista y nueva administración y dirección. Así ocurrió en la resolución de Banco Popular, que supuso un cambio estructural forzoso, impuesto por las autoridades públicas, añadiendo la parte recurrente que la traslación puramente objetiva de la responsabilidad acordada por las resoluciones recurridas desincentiva que un tercero de buena fe vuelva a colaborar en la protección del interés público en el marco de una resolución. En este caso, el procedimiento de resolución se concretó en el instrumento de venta del negocio, que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 806/2014 permitió a la autoridad de resolución la venta de todos los activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución a un comprador (Banco de Santander),sin que esa transmisión implique la cesación en el negocio o el cese en su actividad de Banco Popular, sino al contrario, la venta, como se ha insistido tuvo por finalidad garantizar la continuidad de la entidad, que conservó su personalidad jurídica y continuó su actividad financiera y económica. Como se ha visto en las referencias a los criterios jurisprudenciales de esta Sala, las adquisiciones de una sociedad por otra y los cambios en la titularidad no conllevan la extinción de la responsabilidad por infracciones administrativas, al estar presentes en dichas operaciones las notas de permanencia de la entidad y continuidad en la actividad económica, a lo que cabe añadir que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial fijada por las dos sentencias de 13 de marzo de 2019, antes referenciadas, a los efectos de la sucesión en la responsabilidad sancionadora entre personas jurídicas, carece de trascendencia «que la reestructuración no se haya decidido por los particulares, sino que se haya impuesto por una norma legal.» […]” [Énfasis añadido]

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