STJUE (Sala Sexta) de 10 de junio de 2021, en el asunto C-303/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny (Tribunal de Distrito de Opatów, Sala 1.ª de lo Civil, Polonia), mediante resolución de 27 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de julio de 2020, en el procedimiento entre Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA y KM.

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foto sinopsis El juez competente debe aplicar la normativa nacional a la luz del Derecho nacional y de la finalidad de la Directiva. (STJUE 10 junio 2021)

Aplicación de la normativa nacional a la luz de la Directiva: “[…] el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 23 de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que el examen del carácter efectivo, proporcionado y disuasorio de las sanciones establecidas en dicho artículo, en caso, en particular, de incumplimiento de la obligación de examinar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente la disposición del Derecho nacional específicamente adoptada con ocasión de la transposición de la referida Directiva. […] Aunque las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren, en el caso de autos, únicamente a la sanción resultante de la combinación de los artículos 24 y 138c del Código de Delitos Leves, de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente lo confirme, que el Derecho polaco prevé otras sanciones, en particular sanciones civiles, que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden adoptar en caso de incumplimiento de la obligación de comprobar la solvencia del consumidor. […] [U]na multa puede constituir una sanción disuasoria, su escasa cuantía puede hacer que dicha sanción sea insuficiente. Asimismo, el hecho de que solo las personas físicas sean objeto de tal sanción puede ser reveladora de las carencias de la normativa de que se trata […]. para que una sanción sea efectiva y disuasoria, es preciso privar a los infractores de las ventajas económicas derivadas de las infracciones que cometieron […]. [T]al sanción no puede garantizar de manera suficientemente eficaz la protección de los consumidores frente a los riesgos de sobreendeudamiento e insolvencia que persigue la Directiva 2008/48 si no afecta a la situación de un consumidor concreto al que se ha concedido un contrato de crédito incumpliendo lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Directiva […]. [P]ara determinar si una normativa nacional aplica suficientemente las obligaciones derivadas de una directiva determinada, debe tenerse en cuenta no solo la normativa específicamente adoptada a efectos de la transposición de dicha directiva, sino también el conjunto de normas jurídicas disponibles y aplicables.  […] [S]i bien el artículo 23 de la Directiva 2008/48 exige que las sanciones sean disuasorias, los tribunales deben disponer también de una facultad de apreciación que les permita elegir, en función de las circunstancias del caso concreto, la medida proporcionada a la gravedad del incumplimiento de la obligación constatada […] los órganos jurisdiccionales nacionales deben tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional e interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de esa Directiva, con el fin de obtener un resultado compatible con los objetivos que esta persigue […]. Cuando el legislador nacional […] haya previsto, para sancionar un incumplimiento de la obligación de verificar la solvencia del consumidor, además de una sanción recogida en el Código de Delitos Leves, sanciones de Derecho civil que pueden beneficiar al consumidor interesado, esas sanciones […] deberán aplicarse de conformidad con el principio de eficacia […]» Énfasis añadido

 

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