STJUE (Sala Segunda), de 5 de marzo de 2020, en el Asunto C‑679/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Okresní soud v Ostravě (Tribunal comarcal de Ostrava, República Checa), mediante resolución de 25 de octubre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2018, en el procedimiento entre OPR-Finance s.r.o. y GK

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foto sinopsis La evaluación de solvencia clave en la nulidad de los créditos al consumo (STJUE 5 marzo 2020)

Evaluación de solvencia y nulidad de oficio: “[…] Se desprende del artículo 8 […] de la Directiva 2008/48 […] que […] el prestamista está obligado a evaluar la solvencia del consumidor, […] [L]a finalidad de tal obligación es […] responsabilizar al prestamista e impedirle que conceda créditos a consumidores que no sean solventes. […] Además, existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor no invoque la norma jurídica destinada a protegerle, entre otras razones por ignorar la existencia de tal norma […] [N]o podría lograrse una protección efectiva del consumidor si el juez nacional no estuviere obligado […] a examinar de oficio si se ha cumplido la obligación del prestamista establecida en el artículo 8 de la misma Directiva […] Por otra parte, […] el juez nacional […] estará obligado, sin esperar a que el consumidor formule una petición a tal efecto, a deducir de ello todas las consecuencias que, […] se derivan de tal incumplimiento, a condición de respetar el principio de contradicción y de que las sanciones que imponga el Derecho nacional se ajusten a las exigencias del artículo 23 de la Directiva 2008/48, […] [E]l artículo 23 de la citada Directiva establece, por un lado, que el régimen de sanciones aplicables en el supuesto de infracción de las disposiciones nacionales aprobadas en aplicación del artículo 8 de dicha Directiva debe definirse de tal manera que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias y, por otro lado, que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. […] Por otro lado, […] los Estados miembros […] deben velar por que las infracciones del Derecho de la Unión sean sancionadas en condiciones materiales y procedimentales análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio […] Corresponde a los tribunales nacionales […] determinar si […] las sanciones en cuestión cumplen tales requisitos […] No obstante, el Tribunal de Justicia […] puede aportar precisiones que orienten la apreciación de los tribunales nacionales [….] En el presente asunto, […] el incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del prestatario […] se sanciona […] con la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación del consumidor de devolver únicamente al prestamista el principal […] siempre que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años contados desde la fecha de celebración del contrato. Por lo tanto, […] el prestamista perderá el derecho a obtener el pago de los intereses y de los gastos pactados. A este respecto, procede hacer constar que, […] dicha sanción está en consonancia con la gravedad de las infracciones que reprime y, en particular, produce un efecto realmente disuasorio […] De la resolución de remisión se desprende que la aplicación de la sanción de nulidad del contrato de crédito está supeditada al requisito de que el consumidor alegue la nulidad […] A este respecto, debe recordarse que […] cuando no existe normativa de la Unión en la materia, corresponde […] [a] cada Estado miembro […] establecer las normas procesales destinadas a garantizar la salvaguardia de los derechos subjetivos […] a condición, sin embargo, de que tal regulación procesal no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno […] y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión […] [L]a protección eficaz del consumidor requiere […] que el juez nacional examine de oficio el cumplimiento por el prestamista de la obligación establecida en el artículo 8 de la Directiva 2008/48 y que, si comprueba que tal obligación se ha incumplido, deduzca las consecuencias previstas por el Derecho nacional, sin esperar a que el consumidor presente una demanda en ese sentido, con observancia del principio de contradicción. […] De estos factores se desprende que el principio de eficacia se opone a que la sanción de nulidad […] se someta al requisito de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años. […] Por otro lado, […] el principio de interpretación conforme exige que los tribunales nacionales […] hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena eficacia de la Directiva […] Es preciso añadir que los tribunales nacionales […] deben modificar, cuando ello sea necesario, la jurisprudencia nacional ya consolidada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva […] Por lo tanto, corresponde al tribunal remitente garantizar la plena eficacia de la Directiva 2008/48 […]” [Énfasis añadido]

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