STS, Sala de lo Civil, núm. 692/2017, de 20 de diciembre, recurso: 1218/2015. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas. Presidente: Francisco Marín Castán

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foto sinopsis La disyuntiva no es consumidor o profesional, sino inversor profesional o no (STS de 20 de diciembre de 2017)Ser empresario no faculta sin más para conocer y comprender el clausulado: “[…] De la redacción de las cláusulas antes transcritas se deduce la complejidad del producto (expresamente reconocido en el clausulado) y la difícil comprensión del mismo. El hecho de ser empresario no faculta sin más para el conocimiento y comprensión de un clausulado tan opaco en su desarrollo. Examinados los contratos no estamos ante un sistema de compensación de riesgos sino de un contrato aleatorio, que no pretende compensar sino abonar cantidades en función de circunstancias no previsibles, o inciertas, al menos para el prestatario. A la parte demandante se le ofreció un «seguro», con lo cual se aseguraba frente a las subidas del tipo de interés, omitiendo información clara sobre las consecuencias de la bajada de los tipos de interés, con lo que facilitaron una información tendenciosa, incompleta y que indujo a una representación errónea de las consecuencias. La Ley de Mercado de Valores no excluye de su protección a la persona jurídica pues la disyuntiva no es consumidor o profesional, sino meramente la de inversor profesional o no […]”.

Es la empresa de servicios de inversión quien tiene la obligación de informar: “[…] Esta sala en sentencias 354/2017, de 2 de junio; 509/2016, de 20 de julio; 25/2016, de 4 de febrero, entre otras refieren supuestos relativos a los Clip de Bankinter, refiriendo la existencia de error excusable ante el déficit informativo por parte del banco, en un supuesto en el que el producto debía calificarse de complejo. En sentencia 231/2017, de 6 de abril (…), se declara: Según dijimos en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 676/2015, de 30 de noviembre, es la empresa de servicios de inversión quien tiene la obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, y no son sus clientes -que no son profesionales del mercado financiero y de inversión- quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de requerir al profesional. Por el contrario, el cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Por ello, la parte obligada legalmente a informar correctamente no puede objetar que quien tenía derecho a recibir dicha información correcta debió tomar la iniciativa y proporcionarse la información por sus propios medios […]”.

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