clausulas suelo 300x173 El PP cede en el pacto con C’s: Sí a la prohibición de las cláusulas sueloEl pacto de investidura firmado por el Partido Popular y Ciudadanos trae consigo unas medidas económicas que matizan o en cierta forma contradicen lo que ha venido manteniendo el ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de cláusulas suelo. Como se puede leer en una de las 150 medidas del documento, se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las “cláusulas suelo” que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado. La postura defendida por el Gobierno –ahora en funciones- ha sido durante todo este tiempo cerrar filas con la banca en la defensa de las cláusulas suelo como lícitas.

Como puede leerse en el documento de Observaciones del Reino de España en el asunto C-154/2015, remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “se considera que las anteriores cláusulas son lícitas en cuanto a su contenido”. Aunque matiza, “no obstante la falta de transparencia genera un desequilibrio en detrimento del consumidor”. “Las cláusulas suelo son en sí mismo lícitas. La condena a cesar en el uso de las mismas y a eliminarlas por abusivas no se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos, sino en la falta de transparencia”. Antes de final de año el TJUE se pronunciará en materia de retroactividad de cláusulas suelo, aunque el abogado general ya se posicionó en su informe junto a la postura defendida por la banca limitando la retroactividad, como así lo avala el Tribunal Supremo español desde que dictara sentencia el 9 de mayo de 2013.

Segunda oportunidad

Otra de las medidas contempladas en el pacto tiene que ver con la segunda oportunidad. En cuanto a lo que refiere a emprendedores y autónomos, se considera necesario facilitar su viabilidad financiera y garantizar una “segunda oportunidad” después de un proyecto empresarial fallido. Por ello, se contempla permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho.

Por lo que respecta a las familias, se pretende flexibilizar, con las salvaguardas adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, “manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor”. Una de las precursoras y una de las voces más autorizadas al respecto es la catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena, también miembro de la ‘Fundación ¿Hay derecho?’, que ha escrito largo y tendido sobre esto en diversos artículos.

Modelo Obama para proteger al inversor

Ambos partidos han firmado crear una Autoridad independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores por la “letra pequeña” de los contratos, y también se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña el ICAC.

Esta medida atiende la petición del Defensor del Pueblo de marzo de este año, cuando denunció la falta de efectividad del Banco de España y la CNMV para sancionar a los bancos. Pero también tiene como precedente el Plan Obama de reforma financiera impulsado en 2009. La principal novedad de la Reforma Obama es haber identificado la protección del consumidor como el principal interés a tener en cuenta al reformar los mercados financieros. Por esta razón propuso la creación de una Agencia federal de protección de los consumidores financieros, para asegurar la sencillez y equidad en la prestación de servicios financieros.

Según el documento, también contempla la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes. Por un lado habrá una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos. Por otro lado se creará una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeco asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidad Autónomas.

El pacto también insiste en la mejora de la transparencia bancaria. En este sentido, admiten que se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares, para evitar situaciones de fraude y estafa. En esta materia, además, avanzarán en la mejora de la trasparencia bancaria, promoviendo medidas que permitan a los clientes obtener más y mejor información. “Haremos que la información se suministre en términos más homogéneos y comparables, con objeto de favorecer que los clientes puedan valorar mejor sus opciones y obtener condiciones más ventajosas”, sostienen.

Por lo que respecta al colectivo de los pequeños y medianos empresarios, se pretende crear un instituto especializado en el apoyo a las PYMES (tomando como modelo el Small Business Services británico o el Banco Único de PYMES de Luxemburgo) que concentre en un único interlocutor todas las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMES (como la creación de empresas, gestión de cobros fiscales, etc.)

Banca digital

Este martes, Mariano Rajoy, hacía alusión en el debate de investidura a la necesidad de adaptarse y promover las nuevas tecnologías, también en lo concerniente a la banca digital. Un guiño a las medidas firmas en el pacto con Ciudadanos en esta materia. En las medidas pactadas se contempla que los clientes bancarios cuenten con información puntual a través de medios electrónicos, por ejemplo, respecto de las situaciones que puedan dar lugar a un descubierto y, por tanto, a un coste adicional no previsto. Además, se ha acordado facilitar el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe (pago a través de terminal móvil) con objeto de incrementar la facilidad, comodidad y seguridad de esas operaciones. En particular, establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones.

Blanqueo de capitales y paraísos fiscales

En el paquete de medidas se apuesta por reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. Se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la publicidad de sus autores.

Por otro lado se propone devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV,  haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades. Se promoverá la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.

Los paraísos fiscales también ha ocupado la atención de los dos partidos. De esta forma, se revisará la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios.

Referencias

PP y Ciudadanos. 150 compromisos para mejorar España.

Observaciones del Reino de España en el asunto C-154/2015, remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

RDMF. El Abogado General del TJUE avala la limitación de retroactividad de las cláusulas suelo y salva a la banca

Matilde Cuena. ¿Una segunda oportunidad para la persona física insolvente

Matilde Cuena. ¿Un régimen de segunda oportunidad?

RDMF. Fernando Zunzunegui. La Nueva Regulación Financiera. Protección al consumidor en la Reforma Obama

RDMF. El Defensor del Pueblo denuncia la “falta de efectividad” del BdE y la CNMV para sancionar a los bancos

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