Extracto vía El Notario del Sigo XXI, por Fernando Zunzuneguipdf El juez político y la contratación financiera en tiempos de crisis

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La paz que existía entre los bancos y sus clientes se ha roto con la crisis. Proliferan los contenciosos y se acusa a los jueces de populistas por inclinarse a favor de los clientes forzando el imperio de la Ley. Para entender el papel de los jueces en la crisis financiera conviene preguntarnos por el origen de los problemas, el Derecho aplicable y la reacción de los jueces (…).

La crisis financiera ha materializado los riesgos que la banca de forma oportunista había trasladado a los clientes. Sin las debidas advertencias, la banca, ante el cambio de situación económica, cubrió el riesgo de la bajada de tipos de interés con cláusulas suelo o swaps. También utilizó híbridos financieros como las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas para recapitalizarse y reforzar su solvencia ante las dificultades que se avecinaban, sin informar de los conflictos de interés que esta práctica conlleva. Cientos de miles de clientes se han visto afectados por estas malas prácticas (…). En este contexto, los jueces han sido el último recurso para reparar a los perjudicados.
Los ciudadanos afectados por las malas prácticas bancarias se han visto desprotegidos por las instituciones del Estado (…). El único poder que ha dado respuesta a las necesidades de los ciudadanos ha sido el judicial, que ha analizado los hechos y aplicado la Ley, incluso la sectorial, pese a las dificultades técnicas que presenta (…).

Reacción de los jueces

la crisis ha servido para despertar normas que estaban dormidas. Los jueces no se convierten en legisladores. Lo que ocurre es que ante la abundancia de contenciosos encuentran nuevas interpretaciones en el Derecho del consumo y descubren la riqueza de un ordenamiento sectorial caracterizado por un elevado grado de protección del cliente. No crean Derecho, aplican las normas, con una rica doctrina cada vez más consolidada. Es un Derecho vivo que surge de un legítimo activismo judicial, último recurso de los ciudadanos ante el fallo de las instituciones que debían velar por el buen funcionamiento del sistema financiero (…).

Juez político

Si alguna crítica se puede hacer a esta justicia en tiempos de crisis es su excesiva prudencia. Los magistrados del Tribunal Supremo tienen mucho respeto por el mercado financiero. No son expertos en finanzas, pero son conscientes del carácter sistémico que pueden tener sus decisiones. La nulidad de las cláusulas suelo o de las adquisiciones de instrumentos financieros con riesgos no advertidos puede afectar a la solvencia de los bancos y provocar una nueva crisis financiera. Según esta jurisprudencia, el trastorno grave del orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto. Es un activismo judicial que busca un equilibrio entre la protección del ciudadano financiero cliente del banco y la estabilidad del sistema que se ve amenazada ante la insolvencia de los bancos. Estamos ante un juez político que limita el alcance de sus decisiones subordinando la defensa de los intereses de los clientes a la protección de la solvencia de los bancos para evitar de este modo la materialización de un riego sistémico. Por razones de orden público económico los jueces limitan los efectos económicos de sus sentencias (…).

Conclusión

En suma, las críticas a la justicia por pecar de populista y dictar sentencias que se apartan de la Ley no están justificadas. La justicia en España no es populista. Los jueces no buscan el aplauso del público al decidir a favor de los más débiles. Identifican los hechos y aplican la Ley en relación con la realidad social de los tiempos de crisis en que ha de ser aplicada, interpretación admitida por el artículo 3.1 del Código civil. Los jueces han respondido con una construcción doctrinal en la legalidad. Son momentos de excepción en los que hay que aplicar la dura lex sed lex ante fraudes en masa al ahorro del público.

Los jueces están siendo el último recurso del Estado de Derecho ante la dejadez de las autoridades financieras y la ausencia de una política de reparación a los perjudicados por parte del Gobierno. La limitación de los efectos de sus sentencias en defensa de la solvencia de los bancos y de la estabilidad del sistema puede estar justificada por razones de orden público económico, concepto que debe ser perfilado con ayuda de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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