La Comisión Europea instó el pasado jueves a España mediante una carta de emplazamiento a adaptar su legislación a la europea para una efectiva protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas. El plazo que ha dado la Comisión a nuestro país para que tome medidas es de dos meses. Si no fuera el caso, la institución europea “podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas”. Esta advertencia, que constituye el primer paso para abrir un expediente sancionador, y el análisis de la sentencia del juzgado de Mercantil número 11 de Madrid centraron los temas de discusión de la ‘Jornada jurídica sobre abusos bancarios’ celebrada el jueves por la asociación de consumidores Adicae en el Círculo de Bellas Artes.
“Los 16 jueces del TJUE se han dado cuenta de que España no está apoyando a los consumidores”, explicó el abogado Adrián Rebollo, quien asistió a la vista celebrada el 26 de abril en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. La Comisión reconoce en la carta enviada al gobierno español el jueves que “le siguen preocupando una serie de cuestiones” en referencia a la normativa sobre consumidores, y reclama una modernización de la legislación hipotecaria española.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, se refirió a esta advertencia de la Comisión y aseguró que es una demostración “de la violación de los derechos en materia hipotecaria”. El máximo representante de la asociación interpretó que esto no es una sanción a España sino una constatación de que “la legislación hipotecaria española va a tener que actualizarse para entrar en vanguardia”. Pardos se mostró proclive a que la banca devuelva todo lo cobrado por cláusulas suelo no desde el 9 de mayo de 2013, como dicta la sentencia del Tribunal Supremo, sino desde la firma del préstamo hipotecario.
“El último llamamiento de la Comisión Europea a España da la puntilla a este abuso y acerca la devolución de las cantidades cobradas desde el inicio de la hipoteca”, añadió Pardos, quien se felicitó que desde Europa insten a poner remedio con esta advertencia, algo que supone un “nuevo y reforzado respaldo a una resolución favorable a los consumidores” de cara a la sentencia que dictará el TJUE a finales de año sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Según un informe no público del Banco de España citado durante la vista del 26 abril, el coste para la banca podría ser de 7.600 millones de euros.
El catedrático de Derecho Civil y director de la revista del Órgano Centralizado de Cláusulas Abusivas del Consejo General del Notariado, Lorenzo Prats, declaró que “desde la incorporación a la Unión Europea, el derecho de la Unión es nuestro derecho”. En la misiva, la Comisión explica que una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de buena fe. Reitera que los Estados miembros deben asegurarse de que el Derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a estas cláusulas abusivas.
Asimismo, Manuel Campoy, de la Fiscalía Provincial de Valencia, se refirió a la forma de demandar en este tipo de procedimientos. Para Campoy, una de las soluciones pasa por promocionar las acciones colectivas y pidió crear un proceso ad hoc para este tipo de demandas. Campoy trazó una analogía con la jurisdicción laboral en decisiones colectivas por lo social, como por ejemplo los procesos colectivos que existen para los despidos, en los que se “permiten enjuiciar de forma sumaria este tipo de procedimientos».
Referencias
