STS, Sala de lo Civil, Madrid, núm. 467/2015, de 21 de julio de 2015, recurso: 2787/2013, Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, Presidente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

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not13 La calificación como profesional matiza los deberes de información (STS 21 julio 2015)Calificación del cliente como profesional: “El actual art. 78 bis LMV establece reglas para poder precisar cuando un cliente tiene la consideración de inversor profesional y cuando se trata de un minorista. Esta distinción sirve para conocer en qué medida son exigibles los deberes de información previstos en el art. 79 bis LMV, y en concreto para asegurar un estándar mínimo de información a favor del cliente minorista. (…) La referencia a la consideración de la demandante como cliente profesional lo es no para aplicar una normativa no debida, sino para tomar en consideración los conocimientos y la preparación de la demandante, que indudablemente también en la normativa anterior influía.

Lo de menos es si emplea una terminología propia de la ley actual o si utiliza otra. Lo verdaderamente relevante es que la sentencia deja constancia de una realidad que influye en el enjuiciamiento sobre la existencia de vicios en su consentimiento a la hora de contratar los productos financieros, o el incumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones.”

Obligación de mantener adecuadamente informado al cliente: “(…) Las normas más generales que se denuncian infringidas sobre el mandato (art. 1729 CC) y la comisión mercantil (art. 269 CCom), se entienden integradas en una relación contractual como la concertada por las partes en su contrato de asesoramiento financiero y orden de movilización de valores (…), por la normativa específica o sectorial aplicable en aquel momento. En concreto, por el art. 79 LMV, que (…) ya establecía como una de las obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el mercado de valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la de «asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados […].». Esta previsión normativa desarrollaba la Directiva 1993/22/CEE (…) por lo que ha de interpretarse conforme a dicha directiva. Los arts. 10 a 12 de la directiva fijan un elevado estándar en las obligaciones de actuación de buena fe, prudencia e información por parte de las empresas de servicios de inversión respecto de sus clientes. (…) El Real Decreto 629/1993 (…) desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. (…) Tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. (…) Si no se vendieron los bonos (…) fue por una decisión de la propia demandante. (…) Sin perjuicio de la dificultad que entonces entrañaban las previsiones de quiebra y liquidación (…), no existió por la demandada ningún incumplimiento de las reseñadas obligaciones derivadas del contrato de asesoramiento financiero (…).”

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