José María López Jiménez . Abogado
No llegó en buen momento, ni en nuestro país ni en los de su entorno, la Directiva de Servicios de Pago (Directiva 2007/64/CE, de 13 de noviembre de 2007), en plena explosión de la burbuja inmobiliaria norteamericana y del posterior declive por contagio de los sistemas financieros occidentales, presuntamente los más sofisticados y en los que el riesgo, como si de una fiera se tratase, estaba mejor identificado, controlado y neutralizado.
Es obvio, la gravedad de la «hemorragia» obligó a concentrar los mayores esfuerzos en la estabilización de unos sistemas financieros «dopados» e hipertrofiados, desfigurados por completo, ajenos al propósito que les legitima y confiere valor: la canalización del ahorro a la inversión productiva.
Precisamente, esta función esencial de los sistemas financieros se complementa con la no menos importante, en el contexto de los sistemas de pago, de la prestación de los servicios de pago, lo que permite transferir fondos entre los individuos de una economía, lo cual, casi huelga decirlo, es prioritario para el desarrollo de la actividad económica y para la generación de riqueza. Si la adquisición de bienes y servicios no se pudiera compensar con la transferencia de fondos, habríamos de volver la mirada hacia la autoproducción y el autoconsumo, o hacia la permuta, es decir, a estadios primitivos de producción y consumo e intercambio. Léalo completo en PDF.
