descarga1 Proyecto de modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y UsuariosEl Congreso de los Diputados ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, cuyo objetivo es transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE. Su aprobación se ha encomendado con competencia legislativa plena a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Con respecto a las modificaciones proyectadas, la ley procede a dar cumplimiento a la sentencia de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito por la cual el TJUE entiende que España no ha llevado a cabo una correcta adaptación de su Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, lo que implica la necesidad de modificar el artículo 83 del TRLGDCU. Según la redacción proyectada para este precepto, las “cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas“.

Junto a este cambio, destacan también, entre otros, el reforzamiento de la información al consumidor y usuario, la regulación de los requisitos formales de los contratos a distancia y de los celebrados fuera del establecimiento, las nuevas definiciones de contrato a distancia y contrato celebrado fuera de establecimiento mercantil –que, además, la ley procede a regular conjuntamente siguiendo la técnica jurídica utilizada por la Directiva–, y la más amplia regulación del derecho de desistimiento en estas clases de contratos.

Entre las novedades que afectan a los servicios financieros destaca la prohibición a los empresarios del cobro de cargos a los consumidores que excedan del coste soportado por éstos por el uso de medios de pago.

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