Aprobada la moción contra la usura

Moción transaccional en materia de crédito al consumo para regular a los prestamistas profesionales y a los intermediarios de crédito

El Pleno del Senado ha aprobado, tras un acuerdo transaccional entre todos los grupos parlamentarios, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular destinada a instar al Gobierno para que apruebe una normativa de protección a los usuarios del crédito al consumo, en particular, en prevención de la usura que puede darse en los créditos rápidos y frente a los intereses abusivos que pueden llegar a aplicarse en algunas operaciones de reunificación de deudas.

Para el senador del Partido Popular, Javier Sánchez-Simón, defensor de la moción, nos estamos moviendo con tipos de interés claramente usurarios “por encima del 30 o 35 por ciento que, además, en algunos casos son auténticas lavadoras de dinero negro”, por lo que “ya es hora de efectuar una regulación basada en la economía real, en la economía actual y en la necesidad de los consumidores”. Con la moción, lo único que se pretende, en palabras de Sánchez-Simón, es dar mayor transparencia, hacer un examen completo de las operaciones, ofrecer información al consumidor y evitar con todo ello las situaciones de abuso.

Para el senador Lluís Badía, de Convergencia y Unió, la moción significa “un paso adelante más para poder darles a nuestros conciudadanos esa seguridad y esa transparencia en una cuestión tan importante como el endeudamiento y el sobreendeudamiento familiar.”

A su vez, la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Vicente, reconoció en el debate parlamentario que “no se han tomado por parte del Gobierno las medidas adecuadas para resolver esta demanda o esta queja de los consumidores”, añadiendo como descargo que “la competencia exclusiva de la protección del consumidor la tienen las comunidades autónomas y eso no podemos obviarlo”.Y cerrar su argumentación incidiendo en la política del Grupo Socialista de dejar en manos de las autoridades de consumo materias propias del mercado financiero. Pues según la senadora socialista, en nuestro ordenamiento: “En ningún caso se atribuye al Banco de España una función de protección de los consumidores; quienes deben proteger a los consumidores son las administraciones, en este caso las autonómicas.”

Sin embargo, la moción aprobada por asentimiento de todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, menciona expresamente al Banco de España, como destinatario natural de la supervisión del crédito al consumo, por supuesto, sin perjuicio de la competencia en materia de consumo de las Comunidades Autónomas.

Como venimos manteniendo en estas mismas páginas, es al Banco de España a quién se deben atribuir las competencias de registro y supervisión tanto de los prestamistas profesionales como de los intermediarios de crédito.

En suma, la moción aprobada constituye una buena iniciativa del Partido Popular, como lo demuestra que haya sido respaldada por todos los grupos parlamentarios. Es una moción en protección de los usuarios del crédito al consumo, en el momento oportuno, dado el creciente endeudamiento familiar y la reaparición de la usura.

El régimen propuesto somete a registro y supervisión administrativa a todos los prestamistas profesionales, sometiendo su actuación en el mercado a estrictas obligaciones de transparencia. También incluye la moción aprobada la previsión de un régimen de acceso a la profesión y de supervisión de los intermediarios de crédito que, entre otras actividades, se dedican a la reunificación de deudas. Las previsiones se cierran reforzando la posición del Banco de España como auténtica autoridad del mercado de crédito.

Anexo
MOCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL SENADO

662/000159
PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 20 de febrero de 2007, ha aprobado la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, de Senadores de Coalición Canaria, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Mixto, de Senadores Nacionalistas Vascos y Entesa Catalana de Progrés, a la moción número 159, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente texto:

«El Senado insta al Gobierno a aprobar la normativa correspondiente encaminada a:

1. Someter a un régimen de autorización e intervención específico a las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de «establecimientos financieros de crédito».

2. Proponer, sin perjuicio de la competencia en materia de consumo de las Comunidades Autónomas, un régimen de supervisión administrativa de los contratos tipos de las empresas de crédito privado.

3. Disponer una regulación encaminada a ofrecer un régimen específico de transparencia, regulando la información precontractual que tales empresas deban poner a disposición de los consumidores con el fin de que éstos dispongan de los datos más relevantes en el momento de contratar los diferentes productos y servicios.

4. La información señalada en el apartado anterior deberá recoger los aspectos relativos al capital que se presta o refinancia, el interés, comisiones, honorarios, recogiéndose en el supuesto de refinanciación la comparación entre la situación anterior y posterior, procediendo a su actualización financiera tomando como tasas de descuento el tipo o tipos de interés efectivo vigente en el momento del planteamiento de la operación.

5. Establecer un régimen de supervisión de los contratos tipos que utilizan los denominados intermediarios financieros que refinancian y reunifican deudas.

6. Definir y precisar los costes totales de la operación en cada contrato.

7. Regular específicamente el derecho a la información del consumidor y de sus avalistas.

8. Establecer la inscripción obligatoria en un Registro Público de los prestamistas y de los intermediarios de créditos.

9. Proceder a la regulación de un régimen de comunicación al Banco de España del tipo de interés aplicado a este tipo de operaciones así como de las comisiones y de cualquier otra medida encaminada a que se eviten situaciones de auténtica usura.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 21 de febrero de 2007.-P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.