Sentencia de la Corte Suprema Argentina de 27 de diciembre de 2006, en los autos “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional”

corte Pragmática sentencia para cerrar el corralitoLa sentencia reconoce la constitucionalidad de la conversión obligatoria en pesos de las cuentas abiertas en dólares y declara el derecho de los depositantes a obtener de los bancos el reintegro de los depósitos convertidos en pesos, ajustados por un coeficiente de estabilización, más un cuatro por ciento de intereses anuales.

Con esta sentencia de consenso se trata de dar respuesta institucional a la controversia suscitada entre los bancos y los depositantes, “dando prioridad a los puntos de coincidencia en cuanto a la ponderación de los resultados para lograr la paz social”.

En el contexto de la situación de emergencia que vivió Argentina en 2001 y 2002 se dictaron medidas por las cuales se restringió por un lado la disponibilidad de los depósitos bancarios y, de otro, se estableció la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera, dando lugar a la presentación de numerosos recursos de amparo por parte de quienes se sintieron entonces perjudicados. Al haber cesado la indisponibilidad que pesó sobre tales depósitos, el problema se circunscribe ahora, según la sentencia de la Corte Suprema, a determinar el quantum que los bancos deben reembolsar a los depositantes.

La Corte Suprema argentina atendiendo a la notoria recuperación del sistema financiero y la evolución de la economía, considera adecuado fijar una tasa de interés del 4% anual, no capitalizable. La tasa de interés ampliada judicialmente mediante esta decisión debe ser íntegramente soportada por el banco deudor.

Considera la sentencia que el bloque legislativo de emergencia que sirve de fundamento a la pesificación es constitucional, sin perjuicio de lo que se pueda opinar sobre su conveniencia, pues “resulta evidente que no se ocasiona lesión al derecho de propiedad.” Sin embargo, según el voto particular del magistrado Carlos S. Fayt, de haberse ocasionado daños por la indisponibilidad del capital, se podría reclamar una indemnización, pues la inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía que la Constitución argentina consagra, y cuya intangibilidad e incolumidad es un deber proteger contra los avances del poder aún en casos de emergencia. En su opinión, el reintegro de la propiedad puede dilatarse en el tiempo que abarque la emergencia, pero necesariamente debe restituirse al titular, quien tiene además derecho a reclamar los daños y perjuicios que hubiera sufrido.

Desde el punto de vista doctrinal merece la pena destacar las manifestaciones de la ampliación de fundamentos del magistrado Ricardo Luís Lorenzetti, según el cual: “La libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de un contrato, constituyen una posición jurídica que la Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales.” Para concluir que: “El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio, debe ser protegido por los jueces, cualesquiera sean las finalidades lícitas que persiga el depositante.”

En suma, se trata de una sentencia pragmática, de escaso valor jurídico, que busca un efecto práctico sobre la economía argentina, muy alejada de la anterior de 1 de febrero de 2002 que declaró nulas, por no ser medidas razonables, las leyes de bloqueo de fondos depositados en bancos, que ya fue objeto de comentario en estas mismas páginas.

* Texto completo de la Sentencia de la Corte Suprema Argentina de 27 de diciembre de 2006, en los autos “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional – dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986”

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