Fernando Zunzunegui

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fzdsc 0189web La hora de las CajasLas cajas de ahorros son empresas que compiten con los bancos en la captación de fondos del público para su empleo en la concesión de créditos. Se distinguen por la forma jurídica, los bancos son sociedades anónimas, las cajas fundaciones. Son, como los bancos, entidades de crédito. Su negocio se basa en la confianza de los depositantes. Por esta razón, sus gestores, al igual que los de los bancos, deben ser personas competentes e independientes. Competentes por sus conocimientos y experiencia en el sector financiero. Independientes respecto de intereses que puedan afectar a sus decisiones. Sin embargo, las cajas son gestionadas por personas designadas por los partidos políticos que no siempre cumplen estos requisitos. Se aplica el principio de proporcionalidad entre el voto recibido y el reparto de cargos. Los agraciados disfrutan de sus cargos mientras gozan de la confianza de la dirección del partido. Aunque, en algún caso, se resistan con deslealtad a ser destituidos por quienes les nombraron, como está sucediendo en las cajas sevillanas.

Constituye una prioridad de la reforma de nuestro sistema financiero la profesionalización de la gestión de las cajas. Desde el Banco de España, y desde la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se alerta sobre casos concretos de politización en la gestión de las cajas con riesgo de que lleguen a afectar a la estabilidad del sector.

Es urgente abordar la reforma de los órganos de gobierno de las cajas con el fin de garantizar su idoneidad. Pero no una idoneidad política, de disciplina de partido, sino una idoneidad técnica, de disciplina bancaria. Los gestores de la banca deben ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, debiendo poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Deben ser independientes, teniendo prohibido ocupar otros cargos que condicionen sus decisiones. Estos requisitos e incompatibilidades que rigen para los administradores de los bancos, deben extenderse a los gestores de las cajas.

Los defensores del statu quo se oponen a la reforma de las cajas alegando que su verdadero objetivo es la destrucción de estas peculiares fundaciones y de la función social que realizan, mediante su transformación en sociedades anónimas. Pero vayamos por pasos. Lo prioritario, en estos momentos, es resolver el problema de la gestión de las cajas y no el cambio de su naturaleza. Su transformación en sociedades anónimas puede quedar en el horizonte, abierto a la libre decisión de cada una de las entidades.

Lo relevante no es la forma jurídica de las cajas. Pues también las fundaciones pueden tener gestores competentes e independientes. Es lo cierto que la sociedad anónima ha demostrado su especial adecuación como forma de organización de la gran empresa, pero otras formas jurídicas, ya sea la cooperativa, fundacional e incluso, la sociedad civil, pueden servir eficientemente, con sus particularidades, al ejercicio de actividades empresariales. Por citar un caso ilustrativo de la relatividad de la forma jurídica: VISA, la empresa dominante en el sector de las tarjetas de crédito, opera en España como sociedad civil, sin mayores problemas. Y nadie discute sobre la eficiencia de su gestión.

El problema de la politización de las cajas se remonta a la Ley de órganos rectores de 1985, cuyo sistema fue consagrado por dos sentencias del Tribunal constitucional de 1988, la 48 y 49 de aquel año. En estas desconcertantes sentencias, se calificó a las cajas de “entes de carácter social”, con el fin de legitimar su intervención política. Son, dice el alto tribunal, entidades que, frente al resto de las empresas, operan principalmente con recursos ajenos, procedentes del público, lo cual justifica la intervención política en sus órganos de gobierno. Explicación que no resulta convincente, ya que si así fuera también los bancos deberían ser objeto del mismo tipo de intervención, pues también los bancos operan principalmente con los fondos recibidos de sus depositantes.

Pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no debe ser un obstáculo para la reforma de las cajas. Las normas se deben interpretar en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y no será la primera vez que el Tribunal Constitucional modifica su criterio. En el mercado financiero tenemos ejemplos significativos de este tipo de cambios. Así, podemos preguntarnos por quién controla las emisiones de valores en las comunidades autónomas. En la sentencia número 96 de 1984, respecto a una emisión vasca, el Constitucional consideró que era competencia de dicha Comunidad Autónoma. Sin embargo, en la sentencia 133 de 1997, pasó a considerar que dicho control debía recaer en exclusiva sobre la CNMV, como órgano del Estado, por afectar a las bases de la ordenación del crédito. Del mismo modo, en materia de cajas de ahorro, bien podría darse un cambio de criterio jurisprudencial, por estar afectando la injerencia política en la gestión de estas entidades a la estabilidad del sistema financiero.

Publicado en Expansión.

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